Tras intentar condicionar a la Justicia y prometer más represión en la antesala de una nueva marcha en defensa de los jubilados, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, prometió pagarle a todos aquellos que permitan identificar a quienes participan de movilizaciones.
Para ello adelantó que el Gobierno presentará una resolución para pedirle a la ciudadanía que denuncie a quienes participen en marchas y manifestaciones y darles a cambio una recompensa económica. “Vamos a trabajar, pero no vamos a decir qué vamos a hacer porque es algo importante. Sobre todo vamos a tratar de que toda la gente tome consciencia”, aseguró sin dar más detalles.
“El día de mañana vamos a sacar una resolución en donde vamos a pedirle a la ciudadanía que nos diga, que nos reconozca a la gente que estaba ahí. Vamos a pagar una recompensa para poder llevarle a la Justicia la mayor cantidad de delincuentes que rompieron y destruyeron”, aseguró en diálogo con LN+.
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Se trata de un paso más en el intento del gobierno de Javier Milei por minar la participación popular en las movilizaciones contra la feroz política de ajuste que aplica desde la Casa Rosada.
Para ello el gobierno libertario avanza por distintas vías. Por un lado promete más represión de cara a la movilización que se anticipa será multitudinaria este miércoles. Y por el otro busca condicionar a la Justicia de modo de que las detenciones al voleo que suele realizar la Policía en este tipo de manifestaciones se mantengan aun cuando los uniformados no puedan presentar pruebas en contra de los aprehendidos.
A este plan ahora Bullrich le suma la delación rentada de ciudadanos que abre una gran interrogante sobre cómo se instrumentará y cómo se garantizará que no aliente una cacería al voleo con tal de cobrar la «recompensa» que promete el gobierno libertario.
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A este plan se suma la sanción de la Ley Antimafias que el Gobierno pretende aplicar a quienes participen de movilizaciones. El gobierno libertario denunció un supuesto intento de golpe de Estado y anunció de denunciará por «sedición» a quienes participaron de la marcha.
Un caso extremo de este tipo de estrategias de pagar por delaciones la constituye las recompensas que pagaba el gobierno de los Estados Unidos a quienes entregaban, tras el atentado a las torres gemelas y la invasión a Afganistán, a supuestos miembros de Al Qaeda.
Aquella situación derivó en delaciones y acusaciones inventadas al calor de la intención de cobrar las recompensas prometidos. Ello llevó al encarcelamiento en Guantánamo por años de centenares de hombres que, se demostró mucho después, eran inocentes.
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