Ahogada por una deuda multimillonaria, sin fondos para operar o cubrir salarios, y envuelta en un nuevo escándalo judicial, Vicentin parece encaminarse directamente a la quiebra. Tras concluir marzo con la intervención de la Justicia y protagonizar un nuevo incumplimiento en el pago de sueldos, la compañía agroindustrial sorprendió el fin de semana con el cierre de sus plantas en Ricardone y Avellaneda alegando falta de granos para moler y la continuidad de 1.000 empleos directos entró en fase de suspenso. Atentos a esta decisión, los gremios aceiteros se declararon en alerta y movilización y podrían activar una medida de fuerza a gran escala. Vicentin informó que tampoco podrá cancelar los salarios de marzo.
La compañía dio cuenta de su imposibilidad de cubrir los sueldos a partir de un comunicado divulgado en las últimas horas.
Vicentin cerró sus plantas: miles de empleos en riesgo
«Decisiones judiciales recientes que todos conocen han agravado la incertidumbre entre nuestros clientes, quienes, por ese motivo, han retrasado o detenido los suministros necesarios para que podamos continuar con nuestras actividades«, se expuso desde Vicentin, también referenciando el parate de las instalaciones en Avellaneda y Ricardone.
Dicha decisión mantiene en situación de riesgo a 1.000 empleos directos y alrededor de 3.000 indirectos.
«Eso ha tenido un impacto directo e nuestras operaciones y, lamentablemente, también en nuestra capacidad de cumplir con nuestras obligaciones económicas más esenciales, entre las que se encuentran diversas obligaciones comerciales y ahora también el pasado los salarios correspondientes al mes de marzo«, agregó.
En otro apartado del texto emitido por Vicentin, la compañía sostuvo que, «ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta, se ha decidido proceder al cierre seguro de todas las plantas en operación (Ricardone y Avellaneda)».
La firma argumento que aplicó esa medida con «la convicción de que, para la conservación de la empresa, en este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible».
Esta decisión cosechó rápidamente el rechazo de gremios como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros San Lorenzo (SOEA), que desde el fin de semana discuten activar una medida de fuerza que paralizaría a toda la actividad aceitera nacional.
Vicentin: deuda multimillonaria e intervención judicial
La compañía en cuestión, que acumula una deuda post concurso superior a los $5.000 millones, continúa intervenida por la Justicia desde mediados de marzo y al cierre de ese mes sumó otro frente de escándalo: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, ex directivos de la firma, fueron detenidos e imputados por los presuntos delitos de estafa y asociación ilícita.
En concreto, se los acusa de haber utilizado fondos de la compañía para gastos personales. Los acusados enfrentan acciones promovidas por la Fiscalía de Delitos Económicos.
La fiscalía mencionada acusa a Scarel, Macua, Gazze y Buyatti de concebir una presunta asociación ilícita que tuvo como objetivo llevar a cabo la «planificación y comisión de una pluralidad de delitos».
Entre otros detalles, los ex directivos habrían destinado u$s1,5 millones de la caja de Vicentin para el pago de honorarios de abogados. También se señala que los ejecutivos habrían facturado viajes de avión que llevaron a cabo en una aeronave propiedad de la cerealera.
También en marzo, y a muy poco de haberse desatado un conflicto con los sindicatos tras haber cubierto sólo el 30% de los sueldos, la compañía entró en fase de parálisis operativa por falta de granos para moler y a raíz de una desconfianza que se multiplica entre sus proveedores.