El bloque de diputados provinciales del Frente Más Para Entre Ríos presentó en la Cámara Baja un proyecto de resolución en el cual manifiesta su profunda preocupación por la situación producida ante la finalización de las concesiones de las rutas nacionales, que comenzará este miércoles 9 y afectará en la provincia la operación del Enlace Vial Rosario – Victoria, el puente Zárate-Campana y la ruta nacional 14.
Los legisladores justicialistas solicitaron al gobernador Rogelio Frigerio que interceda ante el Gobierno Nacional “para que se arbitren los medios necesarios a fin de evitar la pérdida de fuentes de trabajo y garantizar la seguridad vial en nuestra Provincia”.
La decisión afecta a los aproximadamente quinientos empleados de la firma Caminos del Río Uruguay, de los cuales unos 200 se desempeñan en la provincia. La empresa informó que no cuenta con los fondos necesarios para pagar las indemnizaciones correspondientes, lo que deja a los trabajadores sin vínculo laboral y sin posibilidad de asegurar su continuidad con la futura concesionaria.
“Además del impacto en la gestión vial, la finalización de las concesiones también tendrá consecuencias laborales: los trabajadores actualmente empleados por las empresas concesionarias perderán sus puestos de trabajo. Es fundamental que el Gobierno Provincial tome medidas para mitigar este impacto, ya sea a través de programas de reubicación laboral o de capacitación para facilitar la transición de estos trabajadores a nuevos empleos”, señala la presentación del bloque encabezado por la diputada Laura Stratta.
Vialidad Nacional anunció que a las 00 de este miércoles 9 tomará posesión de las trazas actualmente concesionadas y que hasta que finalice el proceso de licitación en curso y se otorgue la nueva concesión, llevará adelante las tareas de mantenimiento. En el ínterin, no se cobrará peaje y se desligó de toda responsabilidad sobre las vinculaciones laborales actuales y futuras de la concesión vial. Caminos del Río Uruguay (CRUSA) avisó que no tiene plata para pagar las indemnizaciones de los casi 500 empleados.
Frente a este escenario, los empleados de la empresa concesionaria iniciaron medidas de fuerza consistentes en el levantamiento de las barreras en todas las estaciones de peaje del corredor, lo que implica que en estos días no se generarán ingresos para pagar los sueldos. El fondo de reserva que tenía la empresa lo consumió durante la pandemia y no lo recuperó nunca.
Vialidad Nacional: preocupan la caída de concesiones y el achique del orgnismo
La empresa concesionaria, Caminos del Río Uruguay, sigue con la expectativa de que aparezca sobre la hora una señal salvadora por parte del Estado y los 500 empleados tengan un salvavidas, a través de una suerte de transición para que sigan prestando servicios en el ente que se haga cargo de la ruta a partir del 9 de abril.
Sin embargo, las señales que provienen desde Buenos Aires indican que los empleados de Caminos del Río Uruguay quedarán sin trabajo. Vialidad Nacional anunció esta semana el despido de 1.600 empleados en diferentes reparticiones del país y el gobierno intervino este viernes la empresa estatal Concesiones Viales con el objetivo de achicarla. Nada de esto es una señal halagüeña para los empleados.
Caminos del Río Uruguay redirige todas las respuestas hacia el Estado nacional. El vocero de la empresa, Mariano Bradanini, dijo al periodista Guillermo Pérez en «Lo Que Queda del Día» (Oíd Mortales Radio) que «la situación es de gran incertidumbre, porque a cuatro días de la finalización de la concesión no hay aún una comunicación oficial de cómo sería la transición del Estado hacia la toma de posesión de la operatoria de las rutas 12, 14 y 174 y lo más importante es que tampoco hay definiciones de qué va a ocurrir con la continuidad del personal de Caminos del Río Uruguay, ya que todas las propuestas que se le han hecho a Vialidad Nacional, ninguna ha llegado a buen puerto por parte de ellos».
Y respecto de la empresa, dijo que la situación es «de una preocupación mutua».
«La empresa está en una situación financiera crítica», remarcó y agregó: «Se ha explicado en su momento hace tres años con el Estado, lo sabía el sindicato y también el personal, que lo que se llama el fondo de garantías, que sería para cubrir las indemnizaciones, se tuvo que gastar en la época de pandemia, en la cuarentena, ya que el tránsito era nulo sobre las rutas y hubo que cubrir los salarios de los empleados y también parte de la posibilidad de obra que se hizo desde ahí».
Amplió que «el Estado, a partir de esa situación, no tuvo ningún tipo de solución con respecto a aumento de tarifas o tratar de reponer de alguna manera la situación de la empresa y esto perjudica a los empleados también. Obviamente que esto no es grato de comunicar para la empresa y tampoco para los empleados. Lo que llama muchísimo la atención es la falta de continuidad entre una operatoria y la otra».
Insistió en que «no existe que haya una concesión nueva luego de siete meses, que todos los empleados queden cesantes y que en siete meses, seis, un año, lo que lleve a una nueva empresa para que tome posesión de la operatoria tenga la posibilidad de escoger. Históricamente, lo que se ha hecho se ha ensamblado una con otra y el problema laboral queda resuelto. Hoy por hoy, en este sentido, no hay ninguna definición por parte del Gobierno Nacional».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora