Cristina Kirchner, expresidenta y exvicepresidenta de Argentina, ha solicitado la restitución de sus jubilaciones de privilegio y la pensión vitalicia que percibía como viuda de Néstor Kirchner. Este pedido surge tras la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender dichas asignaciones debido a su condena en la causa Vialidad.
En su defensa, Cristina Kirchner ha argumentado que estas jubilaciones son su único medio de subsistencia, ya que en 2016 cedió todos sus bienes, tanto los propios como los heredados de su esposo, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
En 2016, Cristina Kirchner transfirió la totalidad de su patrimonio a sus hijos, lo que, según su abogado Facundo Fernández Pastor, la dejó sin bienes propios. Además, enfrenta una inhibición judicial que impide que cualquier ingreso que reciba sea utilizado, ya que quedaría automáticamente paralizado.
Por lo tanto, sus asignaciones mensuales vitalicias, que incluyen la jubilación como expresidenta y la pensión como viuda de Néstor Kirchner, eran su única fuente de ingresos hasta su suspensión. El abogado de Cristina presentó una medida cautelar ante el fuero de la Seguridad Social, argumentando que la decisión del gobierno constituye una «vulneración de un derecho alimentario» y afecta su derecho a la seguridad social, la subsistencia y, en última instancia, a la vida.
Según el escrito, la medida es una forma de persecución política que busca limitar su capacidad de representación política y su derecho a la subsistencia. En su defensa, Cristina Kirchner ha señalado el caso de Zulema Yoma, viuda del expresidente Carlos Menem, quien continúa percibiendo una pensión vitalicia a pesar de las condenas que pesan sobre el exmandatario.
Según su abogado, este precedente demuestra un trato desigual y arbitrario hacia Cristina, ya que no existen fundamentos legales claros para justificar la suspensión de sus beneficios. El argumento de la defensa también subraya que la ley 24.018, que regula las jubilaciones de privilegio, no establece la posibilidad de revocar estas asignaciones en casos como el de Cristina.
Suspensión
Por lo tanto, consideran que la decisión del gobierno es ilegal y responde a motivaciones políticas. Antes de la suspensión, Cristina Kirchner percibía un ingreso mensual neto de aproximadamente 22 millones de pesos, que incluía su jubilación como expresidenta y la pensión como viuda de Néstor Kirchner.
Estos ingresos eran esenciales para su subsistencia, según su defensa, ya que no cuenta con otros medios para cubrir sus necesidades básicas. La suspensión de estas asignaciones ha generado un intenso debate en la opinión pública y en el ámbito político. Mientras algunos sectores consideran que la medida es justa y necesaria, otros la ven como un acto de persecución política que busca debilitar a una figura clave del peronismo.
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