El oficialismo se prepara para lograr dictamen la semana próxima en el Congreso sobre el proyecto que busca reducir la edad de imputabilidad. El Régimen Penal Juvenil actual fija el piso en 16 años, pero el Gobierno, a través de Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), impulsó un proyecto para bajarla a 13. Sin embargo, por estrategia política y para sumar respaldos, se acordó elevar la propuesta a 14 años.
Tras varias postergaciones, por feriados y falta de quórum, el plenario de comisiones volverá a reunirse este martes. Intervendrán las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia. Todo indica que se avanzará con el dictamen favorable, gracias a un acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales que suelen acompañar al oficialismo.
Un consenso frágil en torno a los 14 años y penas diferenciadas
El dictamen, que buscará imponerse como mayoría frente a otros 13 proyectos con posiciones diversas, desde mantener la edad en 16 hasta bajarla a 12 años, incorporará cambios en relación al texto original del Ejecutivo. Se eliminó la propuesta de 13 años como límite y se estableció el nuevo umbral en 14, lo que permitió ampliar el respaldo legislativo.
Además de la edad mínima, los proyectos contemplan un enfoque mixto en cuanto a sanciones. Se proponen medidas alternativas a la prisión para menores, como amonestaciones, trabajos comunitarios, restricciones de acercamiento y reparación a las víctimas. La intención es compatibilizar la necesidad de sanción con la posibilidad de reinserción social.
El tratamiento también incluyó el debate sobre el límite de las penas. Mientras el proyecto oficial original fijaba un máximo de 20 años de reclusión, los bloques dialoguistas propusieron un tope de 15 años. En todos los casos, se prohíbe explícitamente la reclusión perpetua para menores.
El problema de la infraestructura: sin presupuesto para nuevos centros
Uno de los puntos críticos del debate gira en torno a las condiciones de detención. Legisladores de diferentes espacios advirtieron que al bajar la edad de imputabilidad, aumentará la cantidad de menores detenidos, lo que agravaría la situación de un sistema que ya carece de infraestructura adecuada.
Pese a ello, el proyecto no contempla ninguna partida presupuestaria destinada a la construcción o adecuación de centros especializados para menores de edad. Esta omisión generó preocupación en sectores que acompañan la iniciativa con reparos, y que exigen garantías mínimas para que no se vulneren derechos durante el cumplimiento de las penas.
El oficialismo apuesta a conseguir dictamen de mayoría para que la iniciativa llegue al recinto antes del receso invernal, aunque el resultado final dependerá de cómo evolucionen los acuerdos con los bloques aliados en las próximas semanas.