El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 8 condenó a Marcelo Sebastián D’Alessio por liderar una asociación ilícita que operó entre 2016 y 2019, dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y la manipulación mediática. La sentencia revela el funcionamiento de una red criminal con vínculos en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad y los medios de comunicación.
Dos asociaciones ilícitas, una lógica de poder
El fallo acredita la existencia de dos organizaciones criminales. La primera, integrada por D’Alessio, R.H.B. y R.O.B. —ex agentes de inteligencia—, se dedicaba a obtener información personal mediante bases de datos restringidas y fuentes estatales para extorsionar a empresarios y funcionarios. La segunda, conocida como “Grupo Buenos Aires”, planificaba operaciones internacionales de lavado de dinero por sumas millonarias.
Maniobras delictivas: extorsión, espionaje y presión mediática
El modus operandi de D’Alessio y sus colaboradores consistía en obtener datos personales mediante el acceso a bases de datos oficiales, seguimientos, escuchas ilegales y contactos en organismos estatales. Con esa información, se acercaban a empresarios, funcionarios o particulares para exigirles dinero a cambio de evitar imputaciones judiciales o escraches mediáticos.
La maniobra incluyó una reunión en Pinamar con Stornelli, registrada en fotos, audios y antenas de telefonía. Etchebest declaró que al ver al fiscal en persona “se me cayó el alma al piso”.
Otro caso emblemático es el de Mario Cifuentes, empresario vinculado a OPS, a quien D’Alessio le exigió dinero para evitar una imputación judicial y una campaña mediática en su contra: “Limpiar esto no sale menos de cuatro o cinco millones de dólares, pero yo te lo voy a conseguir por menos.” La información personal de Cifuentes fue enviada a periodistas como Daniel Santoro y difundida en televisión.
En el caso de Pablo Barreiro, hijo del ex encargado de la Quinta de Olivos, D’Alessio y Carlos Liñani intentaron extorsionarlo para que contratara sus servicios jurídicos. La presión se reforzó con la difusión de información falsa en A24 por Eduardo Feinmann, quien anunció su detención —que nunca ocurrió—. El archivo “pablobarreiro.docx” fue hallado en los dispositivos del imputado.
También se acreditó la planificación de una cámara oculta contra el abogado José Manuel Ubeira, defensor en causas sensibles, con el objetivo de desprestigiarlo públicamente: “Yo lo empomo al abogado que te quiso girar. Ese es mi trabajo. Llego y lo hago.”
El caso GNL: inteligencia ilegal, presión mediática y el testimonio forzado de Brusa Dovat
Uno de los episodios más reveladores del fallo es la intervención de Marcelo D’Alessio en la causa por presuntas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), expediente que involucraba a ex funcionarios kirchneristas. El Tribunal acreditó que D’Alessio operó como intermediario informal entre el fiscal Carlos Stornelli, supuestos arrepentidos y periodistas, en una maniobra que excedía cualquier rol legal y se inscribía en el esquema de inteligencia paralela. La causa GNL fue el primer eslabón desde el cual se estructuró la mega causa «Cuadernos».
En ese contexto, el caso de Gonzalo Brusa Dovat —ex directivo de PDVSA Argentina— se convirtió en una pieza clave. D’Alessio lo contactó, lo presionó para que declarara como arrepentido y coordinó tanto su exposición mediática como su testimonial ante Stornelli. En un mensaje al fiscal, D’Alessio anticipó: “En 10 siento a un director ‘arrepentido’ de PDVSA Argentina con Santoro. Y el lunes te lo siento para su primer testimonial. Va a ser un escándalo.”
El imputado elaboró borradores de la declaración, organizó la entrevista con el periodista Daniel Santoro y gestionó el ingreso de Brusa Dovat a la fiscalía. El fallo señala que el testigo fue inducido a declarar bajo presión, sin contar con asistencia legal ni garantías procesales.
“La testimonial de Brusa Dovat fue obtenida en condiciones que comprometen la legalidad del acto, en el marco de una estrategia de manipulación institucional y mediática”, advierte el Tribunal.
Además, se acreditó que D’Alessio utilizó información obtenida ilegalmente sobre Brusa Dovat para condicionar su relato, incluyendo datos migratorios, antecedentes laborales y vínculos personales. La maniobra fue presentada públicamente como una revelación espontánea, cuando en realidad respondía a un guión previamente armado.
“La actuación del imputado en el expediente GNL no puede entenderse como colaboración espontánea, sino como parte de un esquema sistemático de manipulación judicial y mediática», sentenció el tribunal.
Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad: vínculos directos con el operador
El fallo judicial acredita que D’Alessio mantenía comunicación directa con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le ofrecía información obtenida mediante inteligencia ilegal. Esta relación, lejos de ser tangencial, forma parte del entramado institucional que el Tribunal consideró relevante para entender el alcance de la organización criminal.
“Se acreditó que D’Alessio mantenía contacto directo con la entonces ministra de Seguridad de la Nación, a quien le ofrecía información obtenida por medios ilegales, incluyendo escuchas y datos sensibles sobre causas penales en curso.”
Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran mensajes de WhatsApp enviados por D’Alessio al número personal de Bullrich, en los que le ofrecía “una escucha” y “un arrepentido” vinculado a la banda narco “Los Monos”. El número fue verificado por la empresa Movistar como perteneciente a la funcionaria.
“Ministra, tengo una escucha que puede servirle para avanzar en la causa de Los Monos. También tengo un arrepentido que está dispuesto a declarar.”
El Tribunal consideró que estos intercambios no eran meramente informales, sino parte de una dinámica en la que el imputado se presentaba como proveedor de inteligencia paralela para funcionarios del Poder Ejecutivo.
“La existencia de estos contactos revela una permeabilidad institucional que facilitó el uso de información ilegal como insumo operativo en áreas sensibles del Estado.”
Chat Patricia Bullrich y Marcelo D’Alessio
Pruebas encontradas: rastros digitales y documentos clave
La sentencia se apoya en una vasta cantidad de pruebas:
Chats entre D’Alessio y Stornelli, Bullrich, Santoro y otros actores; audios grabados por las víctimas con exigencias económicas y amenazas; documentos con perfiles de víctimas y borradores de notas periodísticas; rastreo de antenas que ubican a D’Alessio y Stornelli en los mismos lugares; videos televisivos con información manipulada; peritajes informáticos que acreditan el uso de bases oficiales, fueron los ejemplos.
“La estructura probatoria revela un patrón sistemático de obtención de información, contacto con las víctimas, exigencia de dinero y posterior difusión mediática como mecanismo de presión.”
Una amenaza sistémica
El fallo no solo condena delitos concretos, sino que revela el funcionamiento de una red que operaba en los márgenes —y a veces dentro— de las instituciones democráticas. La sentencia deja abiertas líneas de investigación sobre otros actores no juzgados, pero cuya participación fue documentada.
“No pueden taparse con las manos las sombras que recayeron sobre la actuación de la propia administración de justicia, de las fuentes de información pública y la manera en que el periodismo ejerce su función.”