La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes en el juicio conocido como «Cuadernos» en condición de imputada. La acusación es de liderar una «asociación ilícita» que cobraba coimas a empresas ligadas a las obras públicas que su gobierno adjudicaba, figura por la cual fue absuelta en la causa vialidad en la que fue condenada a 6 años de prisión.
La causa conocida como «cuadernos» estalló en el año 2018 por una investigación que expuso una trama de sobornos y coimas vinculadas a la obra pública durante los años de los gobiernos kirchneristas. Según las denuncias, decenas de empresarios y exfuncionarios participaron de un sistema donde el pago de coimas era moneda corriente para acceder a contratos estatales millonarios.
En su testimonio oral, Cristina Fernández calificó hoy a la causa como un «disparate mafioso» y un «circo judicial», negando haber recibido dinero y cuestionando la validez de los cuadernos.
“La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, dijo ante el Tribunal Oral Federal 7.
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El expediente logró, en su momento, un récord de imputados tanto del lado empresarial como de la política, reflejando la magnitud del entramado de corrupción estructural en el Estado capitalista argentino.
Hay más de 85 imputados (incluyendo exfuncionarios y los dueños de las constructoras más grandes del país) y se investigan más de 200 hechos de cohecho (coimas).
Implicados y maniobras judiciales a favor del poder
Si bien la causa sentó en el banquillo a varios nombres resonantes, el verdadero poder económico gozó de una impunidad notoria. Empresarios como Eduardo Eurnekian y Paolo Rocca, entre los más poderosos del país, no solo evitaron sentarse en el banquillo, sino que, gracias a maniobras judiciales, quedaron completamente al margen.
Mientras algunos fiscales caratularon los hechos como coimas, otros tribunales lavaron los delitos con el eufemismo de “aportes electorales” o simples pagos por repatriación de ejecutivos. Así, los grandes empresarios zafaron de toda condena, mostrando que la justicia tiene doble vara: una para el pueblo trabajador y otra para el poder económico.
No es casualidad que los mismos empresarios que impulsaron la reforma laboral y más ajuste sobre los derechos de quienes trabajan sean los que se beneficiaron de este sistema de corrupción y sobreprecios con total impunidad. El esquema de negocios entre el Estado y el empresariado garantizó ganancias extraordinarias para los de arriba, a costa de la precarización, el endeudamiento y la transferencia de recursos públicos al gran capital. Mientras tanto, los trabajadores y el pueblo sufren las consecuencias del ajuste y la falta de acceso a derechos básicos.
Pedidos de nulidades por la defensa
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, rechazaron las nulidades presentadas por las defensas.
De acuerdo a Raúl Kollmann en Página 12, estos pedidos de nulidad se basaban en:
- Aprietes al chofer Centeno, al que además le sacaron el abogado: así, mintió sobre los cuadernos con varias versiones.
- El expediente arrancó con una maniobra de máxima gravedad: el fiscal Stornelli y el juez Bonadio no mandaron la denuncia a sorteo sino que se la quedaron en una jugada claramente ilegal.
- Varias pericias demostraron que los textos tenían miles de modificaciones, incluyendo escritura que no era de Centeno y, sobre todo, se demostró que los últimos cuadernos, los que realmente hablan de coimas, tienen fuertes rasgos de haber sido dictados.
- Falta grabación y filmación de las declaraciones de los empresarios que declararon bajo la figura del arrepentido. Bajo aprietes, muy pocos se negaron a declarar como arrepentidos y estuvieron meses en prisión, otros lo hicieron, pero fueron a una escribanía a certificar que iban a mentir y otros directamente mintieron.
No obstante, y más allá de esta causa, bajo los gobiernos kirchneristas existió corrupción y cartelización de la obra pública, tal como lo admitió la misma Cristina Kirchner en más de una ocasión. En este sentido, ella es responsable política de la misma.
Figura del arrepentido
En esta causa fue la primera vez que se aplicó masivamente la Ley del Imputado Colaborador («arrepentido»). Decenas de empresarios poderosos confesaron haber pagado coimas para obtener contratos o para que no les frenaran los pagos de obras en curso.
Entre ellos: Ángelo Calcaterra, exdueño de Iecsa; Javier Sánchez Caballero, exCeo de la misma empresa o Juan De Goycoechea, extitular de Isolux; todos aseguraron que habían hecho aportes ilegales, pero no en concepto de sobornos, sino para el financiamiento de campañas electorales del Frente Para la Victoria. Luis Betnaza, hombre clave en la estructura de la multinacional Techint, declaró que entregó dinero a funcionarios kirchneristas para que el Gobierno intercediera ante la administración de Hugo Chávez en 2008, cuando fue expropiada la siderúrgica Sidor, perteneciente a ese grupo empresario y Paolo Rocca aspiraba a una indemnización mayor. Objetivo que logró con creces gracias a la intermediación del gobierno argentino. El dueño de Metrovías, Aldo Roggio, declaró que pagó retornos que provenían de los subsidios que recibía para sus empresas de transporte. Justificó el cohecho con una frase de antología: “No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia”. El empresario Gabriel Romero, de Emepa, confesó haber pagado coimas por 600.000 dólares para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara por decreto la concesión de la explotación de la Hidrovía, el tramo del río Paraná-Paraguay que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional.
¿Qué pasó al final del camino? Algunos funcionarios, especialmente de una fracción, fueron presos y todo el resto sigue haciendo negocios.
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No se trata solo de señalar responsabilidades individuales, sino a todo el régimen que permite que los grandes empresarios y políticos hagan fortuna a costa del esfuerzo ajeno. Los acuerdos de obra pública y concesiones deben hacerse públicos y estar bajo auditoría de comisiones de trabajadores y organizaciones sociales. Es la única manera de romper con el pacto de impunidad que protege a los dueños del país.
Frente a la corrupción estructural, la salida real es tomar el control de los recursos y las decisiones en manos de quienes producen la riqueza. Mientras tanto, la batalla por no perder más derechos laborales es fundamental para enfrentar a los mismos empresarios que construyeron sus fortunas en base a la explotación y el saqueo.
La causa cuadernos no es solo un escándalo judicial: es la radiografía de cómo funciona el capitalismo argentino cuando el gran capital y la política tradicional hacen negocios, repartiéndose el botín y dejando al pueblo trabajador siempre del lado de los que pagan la fiesta.