La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) atraviesa una crisis institucional, administrativa y humana que repercute directamente en la vida de quienes más necesitan de sus servicios. Intervenida por el Poder Ejecutivo con el médico Alejandro Vilches luego del escándalo por la filtración de los audios de presuntas coimas, y ahora con la designación oficial de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo, el organismo acumula denuncias por desfinanciamiento, irregularidades y medidas que dejaron a miles de chicos sin acompañamiento escolar ni terapias esenciales.
El trasfondo es un escándalo político: audios atribuidos al ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, comprometen a Karina Milei en presuntas maniobras ilegales y pedidos de coimas. Sin embargo, más allá de las internas, lo que estremece es el impacto directo en las familias. Según cifras de DataClave, unas 1.700 ya perdieron el acompañamiento terapéutico de sus hijos, y otras 3.500 podrían enfrentarse a la misma situación en lo sucesivo, tras el corte de pagos y la reestructuración que impuso la Andis. Por ello, centros educativos terapéuticos cerraron sus puertas por falta de categorización, y las auditorías, en lugar de garantizar la eficiencia de la atención, se convirtieron en una maquinaria que suspende servicios por detalles burocráticos como matafuegos vencidos, timbres rotos y legajos digitales en lugar de físicos.
Roxana, madre de Iván, un niño con autismo nivel 3, cuenta su desolación con crudeza: “La política de este Gobierno me hizo revivir la angustia de cuando me confirmaron la discapacidad de mi hijo. Claro que no quería que me dieran su certificado porque era reconocer su discapacidad, pero sabía que si no me lo daban, me iba a ser imposible asumir sus gastos médicos, de psicólogo y acompañante escolar. Y ahora, desde hace dos meses, el centro educativo al que iba perdió su categorización, yo tuve que dejar de ir a trabajar para estar a su lado, pero no sé hasta cuándo podré estar licenciada. Su asistencia era un castillo de naipes frágil pero indispensable para su salud, que cuidaba como oro y ahora se me derrumbó. Lo único que pido es que prioricen a los seres humanos por sobre todo papelerío y balances económicos”.
Beatriz, madre de Luana, que padece TDAH, también carga con la incertidumbre: “Mi hija iba a una escuela especial, pero hubo un cambio de gestión, redujeron personal por recortes presupuestarios y ya no podían abordar su problemática. Empezamos a buscar alternativas y en dos ocasiones conseguimos vacantes en centros educativos terapéuticos, pero no pudo iniciar porque no estaban categorizados. En uno de los casos el trámite ya estaba iniciado, pero al no haber cuadrillas que verifiquen, no podían tomar chicos nuevos. Incluso me dijeron que ni siquiera podían facturar por los chicos que ya asistían y que, si seguían así, iban a tener que cerrar. Si una institución cierra, significa que entre 100 y 200 chicos de entre 4 y 15 años quedan desescolarizados. La desidia de este Gobierno con los más vulnerables es lo más sádico que vi como argentina en mis 38 años de vida”.
Cadena de actividades. Desde la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), su presidenta Elizabeth Foschi explica a NOTICIAS la importancia de estas instancias: “Un SAIE es un servicio de apoyo a la inclusión educativa que se brinda desde un equipo interdisciplinario. Participan directivos, psicólogos, psicopedagogos, profesores de educación especial y trabajadores sociales. A esto se le denomina Equipo Técnico Básico. A su vez, hay un profesional de apoyo que asiste a la institución educativa para brindarle al estudiante el apoyo directo en el ámbito escolar. Es importante destacar que los SAIE son los servicios que obtienen una categoría ante la Agencia Nacional de Discapacidad para llevar a cabo esta tarea. Sino, no son SAIE porque no están categorizados. Estar categorizado significa hacer este servicio”.
Otro caso agudo es el de Gonzalo, padre de 48 años, con la mirada de un hombre herido y cansado. Su hijo lo sigue de su mano y aunque parezca que está escuchando música, sus auriculares lo separan de un mundo que lo afecta en su hipersensibilidad. Lo que para un DJ, es su herramienta de trabajo y fiesta, para Thiago es la única manera de vincularse sanamente con el mundo. Su centro educativo terapéutico cerró porque cuestiones de desfinanciación del ANDIS y desde hace un mes se quedó sin nada. “El costo privado para sostener su escolaridad y terapias complementarias es impagable. La escuela rondaría el millón de pesos y si le sumo el psicólogo, fonoaudiólogo y acompañante, estoy en los tres millones en total. La obra social lo cubre por ley, pero si no hay escuelas categorizadas, no tengo dónde mandarlo y solo en casa no se puede quedar porque puede llegar a lastimarse si algo sale de su lógica de vida», cuenta.
Pero la crisis no se limita al ámbito escolar y a la cadena de actividades y pagos que rompe la Andis con su calculada inactividad. En paralelo, el Gobierno también suspendió más de 80 mil pensiones por discapacidad laboral, con el argumento de irregularidades en sus asignaciones. Aunque algunas bajas correspondieron a beneficiarios fallecidos o renuncias voluntarias, el impacto fue masivo, significando un ahorro de más de 23 mil millones de pesos mensuales para el Estado, a costa de miles de personas que perdieron un ingreso de carácter alimentario.
La combinación de auditorías arbitrarias, desfinanciamiento de centros, recorte de pensiones y designaciones en medio de escándalos políticos dibuja un panorama sombrío. Padres que deben dejar de trabajar para acompañar a sus hijos, profesionales que quedan desempleados de un día para otro, niños que pierden su escolaridad, vínculo social, rutina y derecho básico a la inclusión. NOTICIAS intentó hablar con tres autoridades de la Andis, sin obtener respuesta.
El Estado, lejos de garantizar derechos, se retira. La política de control reemplaza a la de protección, los números priman sobre las personas y la burocracia se impone al sentido humano. Iván, Luana, Thiago y miles de chicos más no son estadísticas, sino vidas atravesadas por un abandono que se disfraza de auditoría. Y mientras el silencio oficial es ensordecedor, las familias siguen pidiendo lo mismo: que alguien las escuche.