Las familias trabajadoras se encuentran atravesando una situación muy difícil producto del ajuste. El gobierno de Milei busca avanzar aún más en la quita de derechos mediante una reforma laboral precarizadora, que afecta tanto a quienes son trabajadores formales y a los informales.
A la destrucción de 291.936 puestos de trabajo registrados, en su mayoría en la industria y construcción, se agrega el deterioro de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
De acuerdo a un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el salario real acumula una pérdida de entre $1,7 millones y $8,1 millones. En el sector privado quedó 4 puntos por debajo del nivel que tenía al asumir Milei y cada trabajador acumula una pérdida de 1,7 millones de pesos.
En el extremo de quienes más perdieron, el salario estatal quedó 18% por debajo del nivel de inicios de mandato. Lleva un año prácticamente estancado. Cada estatal perdió 8,1 millones de pesos de forma acumulada desde entonces.
Otro informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, concluye que la inseguridad alimentaria afecta al 15% de trabajadores asalariados a nivel nacional. De forma que poseer un trabajo no es garantía necesariamente de acceder a una alimentación suficiente, tampoco lo es poseer un empleo formal. En este segmento el 7% presenta inseguridad alimentaria.
La población asalariada (sin trabajadores del servicio doméstico) presenta un 15,2% de personas con dificultades alimentarias. Entre los asalariados registrados, este valor desciende notoriamente a 7,4%. En cambio, el colectivo de ocupados no asalariados y trabajadores de servicio doméstico alcanza un 25,3%, la proporción más alta registrada entre los segmentos evaluados.
La incidencia de la inseguridad alimentaria se profundiza entre aquellos que carecen de aportes a la seguridad social (no registrados). La precariedad y la informalidad expresan una asociación directa con el riesgo de inseguridad alimentaria, de acuerdo al estudio.
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Entre otros de los datos interesantes, cabe observar las brechas por edad. Los jóvenes asalariados de entre 18 y 34 años exhiben una tasa de inseguridad alimentaria del 14,3%, en tanto que los trabajadores de entre 35 a 54 años, la tasa es de 17,1%. El porcentaje es del 12% cuando se trata de personas de 55 años o más. Si se consideran los trabajadores formales, las cifras bajan considerablemente al 5,9%, 8,9% y 6,3%, respectivamente.
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