El Gobierno acaba de sumar cinco meses consecutivos de superávit fiscal, una marca sin precedentes en los últimos 16 años y una nueva vuelta de tuerca al instrumento que el ministro Luis Caputo considera central en la pelea contra la inflación. Es, también, un fenómeno que lleva el sello de los acuerdos con el Fondo Monetario.
Una primera muestra del modo como se manejan las cargas aparece en el mix que determinó el resultado acumulado entre enero y mayo: fue puro recorte del gasto público, esto es, motosierra y licuadora al mango. Significó un saque del 27,6% real, descontada la inflación, contra el mismo período de 2023 y a la vez una montaña de plata o “un ahorro fiscal” que impresiona: nada menos que $ 28,7 billones en sólo cinco meses.
Ya en el interior de ese paquete encontramos que la porción más grande del ajuste le pegó directo a los fondos que se destinan a jubilaciones y pensiones y, de hecho, a los haberes de la llamada clase pasiva.
En números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, hubo allí un sacudón fiscal del 25,8% real, con pérdidas de ingresos jubilatorios que fueron del 31% en enero-marzo, pasaron por el 19,9% en abril y llegaron al 14,6% en mayo. Así, al menos transitoriamente, la formula previsional que el kirchnerismo explotó durante años resultó funcional al esquema libertario.
Otra pieza clave del repertorio mileista aparece en el bajón del 81% que le tocó a la inversión del Estado en infraestructura económica y social básicas, hoy prácticamente paralizada. La onda expansiva aterrizó en la actividad constructora, que lleva cinco meses seguidos barranca abajo y en la que la obra pública representa un 33%.
Final de esta serie que tiene más entradas y para nada deja afuera a las provincias, el gasto en personal de la Administración Nacional se anota con una poda real del 15,5% que puesta en cifras de hoy rondaría $ 500.000 millones. La explicación, en los cinco meses que fueron de enero a mayo el costo de vida le sacó 147 puntos porcentuales de ventaja a los salarios.
La otra cara de la misma moneda señala que de enero a mayo los ingresos fiscales apenas aumentaron un 0,2%, aunque hubiesen sumado, como sumaron, 30,8 billones de pesos. Obviamente, la recaudación impositiva ocupó el centro de ese escenario y al interior de la recaudación la estrella fue, por lejos, el Impuesto País.
Creado a finales de 2019, ampliado y reforzado en 2024, el impuesto que grava las operaciones con divisas crece al 277% anual y ya mueve el 10,5% de los ingresos totales del gobierno central. Tiene la gran ventaja para el fisco nacional de no ser coparticipado con las provincias y la desventaja de que vence en diciembre de este año y necesita de una ley del Congreso para ser prorrogado.
De una especie parecida son los derechos de exportación, las llamadas retenciones que contribuyen con el 4,5% de la caja nacional y que en los primeros cinco meses rindieron 2,2 billones de pesos. También infladas por la fuerte devaluación de diciembre, constituyen otro de los recursos que no se comparten con las provincias.
Lejos de estas cifras, la recaudación del IVA-DGI baja un 14,1% real y la del Impuesto al Cheque, el 11,5%. Tres aclaraciones al precio de una: aquí pesa el combo caída del consumo-recesión, el 100% de lo que rinde el IVA se queda en el fisco nacional y el 100% del Cheque va a la ANSeS, lo cual es parecido a decir fisco nacional.
¿Y qué plantea el Fondo Monetario frente a este panorama? Pide “medidas estructurales de mayor calidad”, para poner el ajuste a cubierto de los riesgos derivados, justamente, de la retracción de la actividad económica y, además, apuntar a una “consolidación fiscal de magnitud”.
Llegado este punto, enumera una serie de decisiones que, dice, el Ministerio de Economía tiene en carpeta. Entre ellas, ampliar el impuesto sobre los combustibles; acelerar la reducción de subsidios tanto en energía como en transporte; racionalizar “aún más” las transferencias (de la Nación) a las provincias y las empresas estatales y “mejorar la administración tributaria y los controles del gasto”.
Todo eso significa, en realidad, ajuste sobre ajuste puesto que gran parte de lo que se anuncia ya viene haciéndose. Por ejemplo, en el impuesto a los combustibles se aplica un plan que este mes derivará en un aumento del 8% y otro, de una magnitud aún indefinida, a partir de julio.
Algo en algún sentido similar ocurre con las transferencias corrientes a las provincias, manejadas por fuera del Presupuesto Nacional y discrecionalmente desde la Casa Rosada. En los primeros cinco meses de 2024 esas partidas sufrieron un sacudón del 84,5% que le pegó entre otros al fondo que sostiene parte de los salarios docentes, a cajas previsionales y a ciertos gastos sociales.
Sus parientas directas, las transferencias para financiar obras públicas provinciales y municipales, han sido cortadas casi por completo: un 98% dicen las planillas de Economía. Falta saber qué quiere decir eso de racionalizar “aún más” si ya no queda prácticamente nada.
Y si el punto es la reducción de los subsidios a la energía y al transporte, viene cantado en principio que la consecuencia se llama aumentos de tarifas y no tan claro si son adicionales a los que ya se aplican. La poda en las subvenciones del Estado más reciente dice un 33% parejito entre enero y mayo, aunque obviamente no hablamos de volúmenes de plata parecidos.
Un par de precisiones acerca del listón de medidas que el FMI atribuye a Economía. “Mejorar la administración tributaria” se puede traducir como empezar a recortar desgravaciones y otros beneficios impositivos que implican costos fiscales. Y “mejorar los controles del gasto” significa casi lo mismo.
Queda claro, por donde se mire, que el superávit-ajuste fiscal permanente manda en toda la línea. Y no tan claro, se mire donde se mire, cuándo el gran ordenador de las cuentas públicas va a empalmar con la reactivación económica y con los etcéteras que el tren de las actividades productivas carga.