La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) emitió un comunicado sobre la reforma laboral.
La modificación incorporada a último momento en el proyecto de Ley de Modernización Laboral que será tratado en el Senado generó una fuerte reacción de sectores empresarios, que advierten que el cambio podría otorgar impunidad y una doble garantía para que determinadas organizaciones continúen recaudando fondos millonarios sin rendición pública de cuentas.
La controversia se centra en el artículo 128, que introduce cambios a la Ley 14.250. Allí se establece que, a partir del 1 de enero de 2028, las denominadas cuotas solidarias —los descuentos sindicales aplicados a trabajadores no afiliados— dejarán de ser obligatorias, y que ningún trabajador podrá sufrir descuentos sin su consentimiento expreso e individual.
El artículo también fija topes a las contribuciones: hasta 0,5% para aportes patronales a cámaras empresarias y 2% para sindicatos, lo que reavivó cuestionamientos por el destino y la administración de esos fondos.
Denuncias por conflicto de intereses
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) sostienen que existe un conflicto de intereses evidente, ya que la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participan de las negociaciones paritarias y, al mismo tiempo, son beneficiarias de los aportes obligatorios canalizados a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
Según detallan, el aporte obligatorio al INACAP equivale al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A, aplicado sobre un universo estimado de 1,2 millones de trabajadores del sector Comercio. Esos fondos, denuncian, se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME, bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional.
Desde CADAM advierten que con cada aumento salarial, estas entidades incrementan automáticamente su recaudación, mientras actúan como parte central de la negociación paritaria.
Fondos millonarios y falta de trazabilidad
En el marco de una causa judicial, el propio INACAP reconoció que recauda más de $30.000 millones anuales, sin detallar cuánto se destina efectivamente a capacitación, cuánto al sostenimiento de cámaras empresarias ni a otros gastos como viáticos, viajes o actividades políticas.
Las entidades empresarias también cuestionan la falta de trazabilidad de esos recursos y advierten sobre la existencia de organizaciones de dudosa representatividad, algunas de las cuales —señalan— representan ámbitos muy acotados o sectoriales.
Entre las organizaciones que expresaron reclamos ante el Congreso figuran dirigentes de la Confederación Federal PyME, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria, la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina, entre otras.
Qué establece el proyecto
El texto en discusión dispone que los aportes o contribuciones especiales previstos en los convenios colectivos a asociaciones sindicales no podrán superar el 2% de las remuneraciones. En tanto, desde enero de 2028, los aportes patronales especiales en beneficio de cámaras o asociaciones empresarias tendrán carácter estrictamente voluntario, sin posibilidad de imponerlos mediante cláusulas convencionales.
Además, no serán obligatorios para empleadores que no sean socios o asociados a las cámaras beneficiarias.
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