El Gobierno de Javier Milei consiguió que finalmente la Ley Ómnibus e comenzara a debatir en el Congreso. El quorum de la sesión se garantizó alrededor de las 10,30 gracias al aporte de los bloques aliados -UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación-, además de los tres diputados nacionales que conforman la bancada Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, del PJ. La sesión comenzó con 134 legisladores presentes sobre los 257.
Se espera que la iniciativa obtenga la aprobación en general, pero eso sucedería recién mañana ya que se calculan 35 horas de debate. Sin embargo, el oficialismo podría sufrir un serio revés durante el debate en particular de algunos de sus artículos claves, entre ellos los referidos a las privatizaciones de empresas públicas.
En este contexto, se espera una sesión tan extensa como compleja. El texto, conformado por 386 artículos sin contar sus anexos, es tan vasto en sus temáticas que los jefes de bloque, que se reunieron anoche en la Comisión de Labor Parlamentaria, estimaron que el debate insumirá al menos 35 horas –evalúan realizar un cuarto intermedio – por lo que se descuenta que en total llevará dos días.
En ese marco, el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet adelantó este miércoles, previo al inicio de la sesión en el Congreso, que su voto será negativo tanto en general como el particular, acompañando al bloque de Unión por la Patria.
Bordet aseveró que el Gobierno nacional quiere instalar una suerte de disciplinamiento fiscal en las provincias y que no duda que se insistirá con los derechos de exportación porque es un acuerdo de Milei con el FMI.
“Mi voto va a ser negativo tanto en general como en particular, por varios motivos, entre ellos porque esta norma significa una pérdida de los valores republicanos con la delegación de facultades a un presidente que transformará en absolutista nuestro sistema de gobierno, con un poder sin restricciones”, señaló.
“Hay muchos artículos que vulneran derechos esenciales como el federalismo. En Entre Ríos, como en el resto de las provincias, se quiere instalar una suerte de disciplinamiento fiscal para las jurisdicciones argentinas. Esto no significa un castigo a los gobernadores, sino a los ciudadanos y ciudadanas de Entre Ríos. Ya comenzaron con el recorte de transferencias directas, decidieron no coparticipar el impuesto PAIS, a lo que se suma la tremenda devaluación de diciembre y las que vendrán”, puso de relieve Bordet.
“También hay cuestiones puntuales que tienen que ver con derechos previsionales, laborales y ambientales, y la cultura”, añadió.
El legislador nacional hizo saber que está en contacto con referentes de sectores de la producción entrerriana y destacó que, si bien se eliminó el capítulo fiscal que estaba gravando derechos de exportación de economías regionales, “esto no significa que no se lleven adelante este tipo de medidas a través del DNU que hoy está vigente. No dudo que el gobierno nacional va a insistir con gravar los derechos a la exportación porque es un acuerdo que hizo con el FMI”.
Finalmente, el ex gobernador afirmó que “hay mucha incertidumbre, el proyecto ha tenido muchas modificaciones, no sabemos cómo se aplicará la ley, pero tenemos la certeza de que va a perjudicar a la población argentina y concentrarán la riqueza los círculos de poder más cercanos al gobierno”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora