Cinco suicidios en lo que va del año dentro de la Policía de Entre Ríos deberían haber encendido todas las alarmas. Pero no fue así. Recién ahora, tras semanas de silencio institucional, el Ministerio de Seguridad y Justicia anunció la habilitación de una línea telefónica de asistencia para personal policial en crisis. La respuesta, aunque necesaria, llega tarde y resulta claramente insuficiente.
El ministro Néstor Roncaglia expresó su «profunda preocupación» y reconoció que existe un “prurito” dentro de la fuerza para reconocer las propias debilidades. Sin embargo, no se han implementado protocolos de prevención, ni programas de formación sobre salud mental, ni mucho menos políticas públicas sostenidas que contemplen la dimensión humana del trabajo policial.
Una deuda histórica
La función policial, atravesada por la violencia, la tensión, los turnos extendidos y el desgaste físico y emocional, nunca ha sido acompañada por estructuras adecuadas de contención. No hay centros de salud mental específicos para fuerzas de seguridad, ni licencias psicológicas sistemáticas, ni formación obligatoria en manejo del estrés.
La nueva línea de asistencia telefónica —si bien representa un pequeño avance— es apenas un paliativo en un contexto de abandono estructural. No hay información clara sobre cuántos profesionales integran el equipo, si existe seguimiento terapéutico o si el servicio está articulado con otras áreas de salud pública.
Salud mental: un problema que va mucho más allá de la Policía
El suicidio no es solo un drama policial. En Entre Ríos y en todo el país, la tasa de suicidio adolescente viene en ascenso y el sistema público de salud mental no cuenta con dispositivos suficientes para atender la demanda. Hospitales sin psiquiatras, guardias sin atención psicológica y centros de salud colapsados forman parte del paisaje cotidiano.
En los últimos años, los casos de autolesiones, crisis de angustia, ataques de pánico y depresión en adolescentes se dispararon, pero la respuesta estatal es mínima. Ni el Ministerio de Salud ni el de Desarrollo Social tienen campañas activas ni políticas de acompañamiento sostenido en escuelas, barrios o centros juveniles.
El silencio que duele
Tanto en la fuerza como en la sociedad, el suicidio sigue siendo un tabú. Las familias atraviesan estas tragedias en soledad, sin red ni orientación. Y muchas veces, ni siquiera se contabilizan oficialmente los casos como suicidios por miedo, vergüenza o falta de peritajes adecuados.
La responsabilidad del Estado es indelegable. Hoy, miles de personas transitan sus días con sufrimiento emocional silenciado, sin posibilidad real de acceso a ayuda profesional. La falta de inversión en salud mental no solo es una deuda, es una negligencia.
Lo que falta
Centros de asistencia psicológica abiertos al público, con atención gratuita y profesionales disponibles.
Protocolos de contención y prevención del suicidio en las fuerzas de seguridad.
Campañas masivas de concientización y acceso directo a la salud mental en escuelas, barrios y lugares de trabajo.
Formación específica en salud mental para policías, docentes, personal sanitario y familias.
La línea telefónica 24 hs anunciada por el Ministerio de Seguridad puede ser un punto de partida, pero no alcanza. Hace falta un plan integral, interministerial, con presupuesto, personal y presencia territorial. La salud mental no puede seguir siendo un tema marginal, ni en la policía ni en la sociedad. Porque callar es condenar, y reaccionar tarde cuesta vidas.