La ciudad de Buenos Aires no aceptará que la Nación le transfiera las 31 líneas de colectivos que circulan solamente en su territorio y responsabilizará al presidente Javier Milei y sus funcionarios si el conflicto económico por los subsidios y las tarifas deriva en un paro durante los próximos meses.
Así, escala la tensión entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el mandatario nacional, en un tema que también toca al gobernador kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afectado por las decisiones de la Rosada en materia de subsidios al transporte.
Pero en el caso del Gobierno porteño, se trata del segundo asunto caliente que los enfrenta con Nación, ya que está abierta la discusión por los fondos de coparticipación que debe recibir la Ciudad, de acuerdo al fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia en 2022 y que el Ejecutivo viene incumpliendo desde entonces, tanto durante la gestión de Alberto Fernández, como ahora la de Javier Milei. La Ciudad volverá a reclamar en el máximo tribunal por ese incumplimiento, que motivó una deuda de $ 4,8 billones.
Línea 140 de la empresa ERSA. Foto: ERSA.
La discusión por los subsidios al transporte
El ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartúa, le envió el miércoles una carta al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para advertirle que los colectivos tienen jurisdicción nacional, que tiene a su «exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento del sistema».
Y recordó que tiene bajo su órbita la regulación, incluyendo las tarifas, los mecanismos de control y fiscalización, y el establecimiento de recorridos, frecuencias y horarios, entre otras competencias que la Nación no transfirió a la Ciudad Autónoma, por la falta de un acta acuerdo, en la que se trabaja desde 2018.
«Mediante la presente se informa que, en el caso de que el Estado Nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor«, completó la carta la Ciudad.
Los paros desatan la furia sindical y de los usuarios.Como telón de fondo, subyacen cuestiones económicas y políticas del conflicto. El sistema de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene unas 18.100 unidades, con 387 líneas y nueve millones de pasajeros transportados por día.
El costo reconocido por la Secretaría de Transporte es de $ 200.000 millones por mes, de los cuales unos $ 140.000 millones los aporta el Estado con subsidios y el resto, los usuarios con sus tarifas.
La Nación aporta el 40% ($ 56.000 millones mensuales); la Ciudad, un 10% ($ 14.000 millones) y la provincia, el 50% restante, con unos $ 70.000 millones.
Según cuentan en los despachos oficiales, la Nación se seguirá haciendo cargo de la tarifa social (descuento de un 55%) en todo el país -para unos 5,3 millones de pasajeros-, de las líneas que cruzan el Riachuelo o la avenida General Paz y de la red SUBE en esos colectivos, que no pertenecen ni a la Ciudad ni a la provincia.
Pero plantean que desde septiembre la Ciudad se deberá hacer cargo de las 31 líneas -como hicieron todas las otras jurisdicciones a partir de 2019, con el pacto fiscal-, así como la provincia tendrá que aportar para el boleto integrado (descuentos de 50% en el segundo viaje y de 75% en el tercer viaje dentro de las 2 horas de iniciado el ciclo). Actualmente, la Ciudad aporta el 55% del costo de las 31 líneas. La diferencia serían unos $ 5.000 millones por mes.
En la Provincia, en tanto, el traspaso de la red SUBE costaría unos $ 6.000 millones mensuales, aunque fuentes oficiales remarcan que de los $ 70.000 millones que tenían que pagar hasta julio, ahora serán $ 56.000 millones tras el reciente aumento de tarifas este mes y $ 62.000 millones con la transferencia del boleto integrado.
Pero fuera de eso, también está lo político: cualquier problema con el funcionamiento del transporte es muy sensible a los usuarios y hace pagar al Gobierno un enorme costo, que nadie quiere asumir.