La jueza Loretta Preska, que lleva adelante el caso por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF, habilitó declarar a la empresa y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) como posibles «alter ego» del Estado nacional.
La orden fue a pedido de los demandantes, Burford Capital, que quieren cobrar el juicio por 16.000 millones de dólares.
Como saben que les sería muy difícil cobrarle al Tesoro argentino esa cantidad de dinero en el corto plazo, buscan embargar activos o tomar la propiedad del 51% de YPF y/o de las reservas del BCRA para hacerse de los dólares.
Actualmente, YPF tiene un valor de mercado de 12.610 millones de dólares y un potencial enorme con Vaca Muerta.
La Argentina enfrenta una sentencia en contra por 16.000 millones de dólares y cada día en que no paga tiene un costo de u$s 2,5 millones en concepto de intereses según cálculos del especialista Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors.
Preska convocó a los representantes de la Argentina y a los beneficiarios del caso de la expropiación a una audiencia telefónica hace dos meses, con el fin de destrabar el proceso de «Discovery» (descubrimiento) de activos embargables del Estado. Fue después de que la jueza neoyorquina rechazara un recurso que presentó la Argentina para que los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF no inicien embargos contra el país, como ya ocurrió con la Fragata Libertad en 2012 y los pagos de deuda retenidos en Nueva York en 2014 por orden del juez Thomas Griesa.
Burford puede reclamar el embargo de bienes, un proceso que podría llevar su tiempo. En su sitio, el fondo destaca que tiene un departamento de recuperación de activos con más de 20 especialistas «full time» que manejan más de 15 idiomas y recuperaron «cientos de millones de dólares» para sus clientes.