Después de reglamentar la reforma del régimen de empleo público y las privatizaciones, el Gobierno se encamina a oficializar en los próximos días la reglamentación del régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI). Es un capítulo clave de la Ley Bases con el que Javier Milei espera un fuerte ingreso de dólares, y que aún sigue en discusión en medio de un fuerte lobby de las empresas que temen ser excluidas o perjudicadas, como el sector hidrocarburífero y la industria.
La ley publicada hace un mes en el Boletín Oficial establece beneficios extraordinarios para 9 sectores, entre los cuales se destaca el energético. El Gobierno apuesta a que este último aporte US$ 35.000 millones entre 2026 y 2027 con la construcción de gasoductos y plantas de Gas Natural Licuado (GNL), como la que van a construir YPF y Petronas. Pero las operadoras piden que se contemple también a la perforación y fractura de pozos no convencionales en Vaca Muerta.
El planteo ya lo elevaron en reuniones privadas y los funcionarios les anticiparon que la exploración y producción en la cuenca no van a gozar de las exenciones tributarias y aduaneras.
«Las compañías están conversando al respecto; si existe el régimen, el ritmo de inversiones se va a incrementar, y si no se incluye, no va a decaer», señalaron en una firma. «El beneficio no es para los pozos, es para transporte, explotación y exploración offshore», confirmaron fuentes del gobierno.
Eso deja afuera a buena parte de las empresas con las que se reunió Milei este jueves en Vaca Muerta. El Presidente estuvo con los CEOs de YPF, PAE, CGC, Chevron Argentina, Exxon, Pampa Energía, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, Total y Vista.
Las ventajas que se pierden son la rebaja de impuestos y la eliminación de derechos de exportación e importación durante 30 años para proyectos de inversión superiores a los US$ 200 millones, además del acceso libre a los dólares desde el tercer año y el arbitraje internacional ante litigios.
El Gobierno identificó a ese sector como uno de los principales motores de divisas, después del agro. En el primer semestre de 2024, el país logró un superávit comercial energético de US$ 2.758 millones, el primer saldo positivo por primera vez en 15 años, exceptuando la pandemia en 2020. El resultado se explicó por el récord de producción y exportación en Vaca Muerta, y también por la menor demanda de importaciones por la recesión y la fuerte suba de tarifas.
Los otros sectores que contempla el régimen son la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería y tecnología. El Gobierno prepara dos tipos de reglamentaciones, una general que saldría primero y otra específica que definirán las secretarías correspondientes. «Todavía no está la reglamentación publicada, todo eso va a estar aclarado, el objetivo es que la semana próxima se publique«, señalaron en el Ministerio de Economía.
Las áreas legales de más de 50 firmas intentaron este miércoles despejar sus dudas sobre el régimen en una charla organizada por los estudios Lisicki Litvin & Asociados y Cassagne Abogados. «Los sectores son vagos, indefinidos, ¿Qué se entiende por tecnología? Si Tesla instala nueva fábrica con Inteligencia Artificial ¿va a estar dentro? ¿Y una nueva aerolínea y un hotel? Puede llegar a generar conflictos», dijo el letrado Ezequel Cassagne.
El especialista advirtió que en algunos sectores, como el energético, la reglamentación puede elevar el monto mínimo de inversión hasta US$ 900 millones. Pero destacó que el acceso a tribunales internacionales es «la mayor garantía de seguridad jurídica del régimen» y «lo primero que preguntan los inversores internacionales», a la vez que precisó que las provincias se ven «obligadas» a no imponer nuevos gravámenes ni aumentar impuestos, ni eliminar deducciones existentes en diciembre pasado.
Los pedidos de la UIA
En el caso del sector fabril, la UIA pidió revisar algunos puntos a la Secretaría de Industria y Comercio, y a la Vicejefatura de Gabinete. Avisaron que algunas inversiones inminentes podrían truncarse si se fija el piso más alto de inversión, pidieron que se garantice que, del total del monto de inversión destinado al pago de proveedores para el desarrollo del proyecto, un 20% sean bienes de capital de origen nacional, y que la libre importación de bienes se circunscriba a bienes no producidos a nivel local.
La ley genera tensión además en las provincias, donde algunas ya enviaron proyectos para adherir, como Jujuy, Chubut y Corrientes. La controversia es por el artículo 165, que impide que las mismas y los municipios que adhieran puedan limitar o modificar la ley. Un apartado que es visto en sectores de la oposición como una cesión del manejo de los recursos naturales y la punta de lanza para dejar sin efecto las leyes provinciales que impiden o restringen la minería a cielo abierto y el uso del cianuro, como Chubut.
NE