«Honda preocupación» causó en FOPEA y ADEPA la presentación de una denuncia judicial del dirigente peronista Sergio Urribarri contra el periodista y director de la revista Análisis, Daniel Enz, quien lideró las investigaciones por las que fue condenado por corrupción el exgobernador entrerriano a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
«Urribarri le atribuye al periodista Daniel Enz la comisión de delitos federales por haber publicado información proveniente de fuentes oficiales del poder judicial de la provincia de Entre Ríos», dijo la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
Y agregó: «La responsabilidad que se le atribuye al periodista es haber dado a conocer los hechos que determinaron su condena, es decir, ejercer su función como periodista de investigación. Los eventuales reproches que puedan realizarse a las fuentes del periodista no pueden serle atribuibles a éste, por lo que la denuncia resulta injustificada en los propios términos en que ha sido realizada», sostuvo ADEPA.
La presentación de la denuncia judicial fue realizada por el abogado de Urribarri, Fernando Burlando, quien realizó una conferencia de prensa el martes pasado, donde manifestó que hubo un grupo de «operadores judiciales» contra Urribarri, una «mesa judicial» armada por fiscales, jueces, la intendenta de Paraná y el periodista Enz, director de la revista y el portal de noticias Análisis.
De todos ellos, Burlando pidió informes sobre las llamadas entrantes y salientes de sus aparatos de telefonía celular, así como la geolocalización de sus dispositivos, algo que está prohibido por la Constitución Nacional para el caso de Enz, que garantiza el secreto de las fuentes de información periodísticas.
«Nosotros investigamos, publicamos y después no sabemos qué va a pasar. En la revista Análisis, en 34 años, debemos haber hecho más de 500 denuncias periodísticas y el 10 por ciento se transformaron en causas judiciales. No los convencimos a los fiscales. Hacemos nuestro laburo», dijo el periodista Enz, en declaraciones radiales, donde contó los delitos por los que fue condenado Urribarri, con un esquema de retornos y contrataciones digitadas que fue comprobada por la Justicia provincial.
La denuncia de Urribarri, patrocinada por el abogado Fernando Burlando, recayó en la fiscalía federal de Guillermo Marijuan.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sostuvo que «la denuncia que le atribuye delitos penales de carácter federal al colega Enz constituye un ostensible exceso en la estrategia de defensa diseñada por los abogados de Urribarri que como vía paralela al recurso extraordinario contra la condena a su defendido, arremete sin pruebas contra Análisis, un medio que resulta un orgullo para el periodismo del interior del país por su coraje y capacidad de investigación y seguimiento de temas que hacen al interés público».
La entidad recordó que el exgobernador y exembajador en Israel fue juzgado y condenado a ocho años de prisión por delitos vinculados con su gestión de gobierno en la provincia de Entre Ríos.
«Análisis y su director, Daniel Enz, contribuyeron al esclarecimiento y la investigación de hechos desde el lugar que debe ocupar el buen periodismo. Al señalar como presunto delito el diálogo entre periodistas y fiscales, la defensa de Urribarri siembra sospechas infundadas sobre un vínculo natural para quienes ejercen el periodismo de investigación. En especial, resulta inaceptable el pedido de que se informe sobre las comunicaciones mantenidas por Enz con jueces o fiscales, en virtud de que se encuentran protegidas por la Constitución Nacional como parte del derecho a mantener en reserva las fuentes de información periodística«, destacó FOPEA.
Entre los condenados, el director de un canal de TV
Junto con Urribarri fueron condenados hace dos años otras ocho personas, entre funcionarios provinciales y empresarios, por «peculado» y «negociaciones incompatibles», al realizar contratos de impresión y publicitarios que en algunos casos terminó utilizando Urribarri para su campaña electoral.
Por ejemplo, el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, también fue condenado en esa causa a seis años de prisión, al ser el dueño de las imprentas donde el gobierno enviaba los materiales, mientras participaba de un entramado de cartelización de empresas que se presentaban en las licitaciones provinciales, según estableció el fallo judicial que fue confirmado por la Cámara de Casación de Entre Ríos.
Otro de los condenados fue Gerardo «Foia» Caruso, por entonces dueño de una empresa publicitaria y director del canal de noticias Información Periodística (IP), del Grupo Octubre, liderado por el gremialista peronista Víctor Santa María.
Caruso fue condenado por corrupción a tres años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua y una multa de $90.000, en la causa contra Urribarri.
Hombre muy cercano al diputado Máximo Kirchner, previamente Caruso fue director de Contenidos del Fútbol para Todos, en la gestión de Cristina Kirchner. Y pese a estar condenado en la causa Urribarri, recién renunció a su cargo de director del canal IP, a mediados del año pasado, cuando Clarín informó sobre los fuertes cuestionamientos que hubo por su manejo en el despido de la periodista Melina Fleiderman, a quien echó en forma hostil por incorporarse como conductora del canal de noticias Extra TV.