La sucesión de tragedias ferroviarias y viales que jalona la historia reciente de la Argentina tuvo su reflejo en los respectivos expedientes judiciales que intentaron responder por qué habían ocurrido y eventualmente atribuir las responsabilidades penales y civiles correspondientes. Ese ejercicio tuvo resultados desparejos según la complejidad de los casos, el expertise de los jueces y la voluntad de los gobiernos para abrir sus documentos y ofrecer toda la información y los testimonios disponibles. Y ese es, a partir de ayer, el desafío para el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la causa penal por el choque del tren San Martín en Palermo.
Por ahora, se puso en marcha la coreografía habitual para la recolección de datos que a primera vista lucen evidentes: pericias técnicas sobre la formación que impactó al vagón detenido y sobre las vías, señales, software de seguridad y demás elementos técnicos que van a revelar el estado exacto del sistema en el momento del choque.
“Esperamos terminar la recolección de muestras y datos durante el fin de semana, para iniciar las pericias de inmediato”, estimaban ante Clarín fuentes judiciales. “Seguramente se ordenarán más medidas cuando se obtenga información clara de cómo fue el accidente, también con el testimonio de los pasajeros”.
Entre aquellas primeras pericias dispuestas por la Policía Federal, a través de la Dirección de Seguridad en medios de Transporte, se incluye la investigación para dar con los responsables del sistema de señalamiento y establecer si hubo una falla mecánica o eléctrica que haya causado la colisión. O si por el contrario, se trató de un error humano cuya posibilidad también sería fuente de investigación.
Por lo pronto, respecto de quienes hubieran podido tener una implicación más directa, como conductores y señaleros de distintas bases, se ordenó preventivamente el secuestro de sus teléfonos celulares y la extracción compulsiva de sangre de todos ellos.
Desde el juzgado de Ercolini autorizaron y supervisaron también todo el operativo de rescate inmediatamente posterior al accidente, durante el cual pueden alterarse o perderse pruebas clave para la investigación. Por eso fue clave la intervención del SAME -no sólo por su celebrada experiencia médica en emergencias sino también por su profesionalismo para operar- y el trabajo de identificación de las víctimas , los traslados a hospitales públicos de la ciudad y el seguimiento de cada uno.
Una vez controlada la atención de los heridos, los funcionarios judiciales realizaron una inspección ocular en el lugar del choque, que fue filmada y fotografiada.
Las siguientes medidas de investigación fueron la obtención del material de las cámaras públicas de la zona, y la convocatoria a la división de accidentología de la Policía Federal y de la Comisión de Seguridad de Transporte Ferroviario para realizar los estudios técnicos y peritaciones correspondientes.
Ese registro fue alimentado con el secuestro de las grabaciones de radio entre el maquinista y sus compañeros de tierra -es clave el audio que ayer circuló por los medios, en el que el conductor del tren avisa que va a chocar- los registros de GPS, libros, documentos y autorizaciones de cada movimiento tanto de las formaciones sobre las vías como de las intervenciones mecánicas o humanas que ocurrieron o debieron haber ocurrido para que esas formaciones pudieran desplazarse sin problemas.
Fuentes de la investigación ponen una mirada sobre el personal que se encontraba a cargo del cambio de vías, los puestos de control y dispositivos de señalamiento desde la estación Retiro hasta la estación Palermo, y del Área “Control de Trenes”
“Todo esto es el comienzo. Pero después analizaremos flujos de fondos, presupuestos, decisiones administrativas y eventuales alertas o advertencias de problemas que pudieran haberse desoído”, dicen en la justicia, donde tampoco descartan allanamientos.