Cuentan que en medio del revuelo que se generó en el Senado por la Ley Bases un senador que integra la oposición dialoguista se hartó al ser abordado por enésima por vez por un alto funcionario del Gobierno que, tras escuchar con atención uno de sus pedidos, prometió «consultar» en la Casa Rosada sobre la posibilidad de introducir ese cambio. «Pero yo se los planteé la semana pasada, pensé que ya habían tomado una decisión. Decime con quién hay que hablar porque no entiendo. ¿No se hablan entre ustedes?«, devolvió, con cierta cuota de fastidio.
No se trató de un hecho aislado: las idas y vueltas fueron una característica del trámite del proyecto en la Cámara Alta, donde la Casa Rosada sufrió más complicaciones de las previstas, lo que volvió a reavivar el debate por la necesidad de cambios en el Gabinete.
En la Casa Rosada juran que Javier Milei no analiza cambios en su primera línea, tal como contó Clarín días atrás, y atribuyen las versiones a sectores interesados en imponer nombres en áreas claves. Algunos señalan sin demasiadas vueltas al ex presidente Mauricio Macri.
Pero el debate por la Ley Bases y las complicaciones que quedaron evidenciadas en las últimas tres semanas reabrieron la discusión interna, de la que por el momento el jefe de Estado se mantiene al margen. “Somos todos fusibles y por supuesto siempre depende del Presidente, pero en este espacio no sobra nadie, tal vez sea un tema de distribución de tareas”, es el diagnóstico que hace una importante voz oficialista al cabo de otra semana en la que el Gobierno volvió a pisar en falso.
Hubo distintas escenas que apuntalan esta idea. Por caso, la situación del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, traspasó el ámbito del Ejecutivo y se advirtió en el Congreso. Su visita se limitó al informe de gestión y, pese a que se dio en medio de un cuarto intermedio del plenario de comisiones en el que se discutía la ley, no propició avances en las negociaciones.
A sabiendas del ruido que hay en su vínculo político con Milei, a diferencia de lo que ocurría antes, los senadores ya no buscaron un acercamiento y mantuvieron el diálogo con los interlocutores habituales: el asesor estrella Santiago Caputo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y los Menem: Martín, el presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo «Lule», subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de Presidencia, ambos embajadores de Karina “El Jefe” Milei.
La presencia de varios interlocutores no obedece a una estrategia coordinada desde Balcarce 50. “Hay mucho voluntarismo pero el esquema de toma de decisiones es un caos”, señala un referente de la oposición dialoguista, que considera al publicista todoterreno Caputo como “el único con el que se puede cerrar acuerdos”.
En la oposición no terminan de entender que Caputo, mencionado por Milei como integrante de la triada que maneja su administración, tenga más poder que el jefe de Gabinete. El caso de Karina, la hermana del Presidente, es más comprensible. “Santiago es la política, Nicolás es la gestión”, razona un mileísta de paladar negro.
Por las dudas, cada vez que empezaron a escuchar las versiones de un enroque entre esos funcionarios, cerca de Milei se encargaron de rechazarlo. Incluso, quienes lo frecuentan, recuerdan que Caputo se resistió a asumir un cargo pero cedió cuando le explicaron que de lo contrario, por cuestiones burocráticas, no iba a poder seguir accediendo con facilidad a Casa Rosada al no estar registrado en el sistema de ingreso.
La danza de nombres registra versiones curiosas, como la que da cuenta que el vocero Manuel Adorni podría asumir mayores responsabilidades, o la que plantea el salto de un reconocido legislador al Ejecutivo. “Ninguna es cierta”, retrucan fuentes oficiales. Pero están. Y surgen desde el propio oficialismo.
Es que en la primera línea del Gobierno distintas voces reconocen que en un esquema tan radial de trabajo, en el que en las reuniones de Gabinete el Presidente termina definiendo hasta discrepancias menores entre sus ministros, resulta necesario empoderar a alguien para negociar con la oposición. “Los acuerdos políticos tienen que estar alineados con la gestión, y viceversa; y eso sólo lo puede comandar una sola cabeza”, entiende uno de los habituales asistentes a las cumbres en el Salón Eva Perón.
Después de lo que fue en febrero la fallida experiencia en torno a la Ley Omnibus y el empantanado trámite que tuvo en Diputados esta Ley Bases más acotada, el que volvió a poner en escena las falencias del oficialismo para encauzar las negociaciones fue el senador Maximiliano Abad, uno de los referentes del radicalismo bonaerense, que el domingo pasado reprochó que «no hay gestión de la ley» por parte del Gobierno. «Escuchan pero no actúan en consecuencia para que salga», apuntó.
Entre los que “escucharon”, se refería a Rolandi, número dos de Posse, bien valorado por su empeño pero de perfil demasiado técnico para garantizar acuerdos, y a los voluntariosos Martín y Eduardo Menem, nexos confiables con los hermanos Milei pero por el momento con límites en sus movimientos.
Con todo, la debilidad del armado también quedó expuesta el jueves, luego de que trascendiera el enojo que –como contó el periodista Pablo de León en Clarín– tenía la vicepresidenta Victoria Villarruel por haber sido excluida de las negociaciones. Su pericia para juntar 39 voluntades en diciembre y aislar al kirchnerismo en la puja por el manejo de las comisiones y la designación de autoridades del Senado fue subestimada. Finalmente, desde la Casa Rosada le pidieron colaboración para destrabar la ley.