El ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, anuncian el resultado del conteo provisorio de las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la que se empezaban a disputar los comicios presidenciales. Ambos confirman que el precandidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, alcanzaba el 47 por ciento de los votos, mientras que el Presidente en ejercicio en búsqueda de la reelección, Mauricio Macri, rozaba el 32 por ciento.
En una oficina de su búnker de campaña, Fernández mira la televisión con un puñado de asesores y amigos íntimos. Alguien los filma. El video de aquel momento histórico muestra la alegría de quienes ya en esa instancia sentían que volvían al poder. Hay júbilo: “¡Presideeente!/¡Alberto Presideeente!..”. El protagonista de la noche, que en las elecciones generales de octubre de ese año ratificaría su triunfo por sobre la fórmula de Juntos por el Cambio, ríe, levanta la voz y festeja “¡Qué lindo!”. Quienes lo rodean son pocos y se conocen mucho. Allí está la pareja del ganador Fernández, Fabiola Yáñez, y también sonríe, por poner otro caso, el futuro jefe de Gabinete y luego Canciller, Santiago Cafiero. En primer plano, chequea su celular quien sería el vicejefe de Gabinete y operador de Fernández en diversos ámbitos, Juan Manuel Olmos. Vestido de camisa clara con multicolores difusos, otro hombre se mueve con tranquila algarabía en ese ambiente al que solo podían acceder quienes gozaban de la total y absoluta confianza de Fernández.
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Compartió el festejo íntimo cuando Fernández fue elegido presidente en 2019.
Esa presencia pasó desapercibida hasta hoy. Quien cruza miradas con el próximo Presidente, y también filma con su celular todo lo pasaba allí sin ser molestado o inquietado por esa osadía, es el bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, un amigo de Fernández desde hace décadas, casado además con María Cantero, su secretaria privada durante casi toda su carrera pública.
Martínez Sosa estaba junto a Fernández cuando supo que llegaría a la Casa Rosada. Y se quedó siempre pegado a él durante los cuatro años que siguieron. Hoy, tanto Fernández como Martínez Sosa como Fernández están imputados en una causa judicial en la que se los investiga como posibles beneficiarios económicos de la trama poco transparente vinculada a la contratación de aseguradores que, gracias a Fernández, obtuvieron, se presume que por orden del Jefe de Estado, miles de millones de pesos garantizados por el Tesoro Nacional. La imagen del video es una postal de la cercanía total e irrestricta del “broker” con Fernández. Además de la filmación, hay una foto de ese mismo día en la que Martínez Sosa abraza con pasión y fraternidad a “Alberto”.
Dueño de una de las más grandes compañía de seguros del país, que heredó de su padre, y que él amplió gracias a su sagacidad, experiencia y contactos, Martínez Sosa nunca se fue de ese lugar inasible en el que se lo ve en las imágenes que publica por Clarín: el corazón del poder ligado a Fernández.
El ex presidente, debido al avance de la investigación del caso seguros, entró en fase “desesperación”. Después de varias semanas en la que intentó minimizar los problemas que podría traerle la pesquisa que busca determinar si usó la influencia como titular del Poder Ejecutivo para garantizarse que sus amigos del mundo de los seguros ganasen contratos con el Estado que él mismo controlaba, se vio obligado a impulsar sus primeras medidas de defensa jurídica. Fueron acompañadas por declaraciones a la prensa también centralizadas en una polémica que lo sacó de eje: hasta que fue imputado por el juez Ercolini, Fernández solía jactarse de que nunca había sido sospechado de cometer actos de posible corrupción.
Clarín revelará pruebas de ese expediente que derriban respuestas pocos claras que dio ante los medios el propio Fernández.
El video que se difunde junto a esta nota en su versión web no está incorporado como prueba en la Justicia. Dependerá del juez y del fiscal. Pero hay otros documentos e indicios no favorables ni alex mandatario ni a su “broker” preferido, Martínez Sosa.
La “causa seguros” se inició tras la publicación en Clarín de un artículo de Ricardo Roa donde se reveló la trama multimillonaria y poco transparente alrededor de los contratos de las aseguradoras de bienes del Estado, un negocio que también involucra a ex funcionarios y empresarios ligados al PRO. Los contratos de seguros que se pagaron en el Gobierno del Frente de Todos, y también en gestiones anteriores, son parte de una trama en la que Fernández tomó protagonismo de modo veloz debido a que él impulsó una medida siendo Presidente que permitió que no solo su amigo Martínez Sosa ganara millones y millones de pesos, si no también porque posiblemente sea el ex funcionario nacional que mejor conozca la dinámica y la trastienda del enredado mundo de las compañías de seguros. De sus regulaciones estatales cambiantes. Y lo mismo con sus “jugadores” del ámbito privado más importantes. Ocurre que estuvo al frente de la hoy Superintendencia de Seguros de la Nación durante ocho años. Ese tiempo equivale a casi todo el mandato del Gobierno de quien lo designó en ese puesto, Carlos Menem.
Fernández y Martínez Sosa se conocían de antes y afianzaron sus vínculos aun más en esos años de esplendor menemista y de expansión comercial del asegurador que sería la pareja de una de las personas que también más lo conoce, su secretaria privadísima, María Cantero.
Fernández, en el 2022, ocupando la Presidencia de la Nación, emitió un decreto que ordenó que todos los contratos de seguros del Estado debían instrumentarse mediante el organismo Nación Seguros. Pero incluyó un artículo que dejó abierta la posibilidad de que también pudieran involucrarse en el negocio empresarios privados en calidad de “brokers” u “organizadores” de pólizas multimillonarias como son las que involucran a entes con bienes de alto valor, o servicios de complejidad y también con numeroso patrimonio o vidas de empleados para asegurar: ¿Cuánto cuestan los seguros que pueden contratar las Fuerzas de Seguridad de la Nación? ¿Y la Casa de Moneda, la fábrica de billetes del Estado? Son solo dos ejemplos entre tantos otros.
Hasta esta semana, Fernández solo había respondido a las acusaciones y a la investigación judicial con declaraciones a los medios.
Pero se vio obligado, debido a que incluso se lo pidió el juez del caso, a designar abogado en el expediente para que pudieran cumplirse todas sus garantías legales. Lo hizo, aunque con notable retraso.
La abogada del ex presidente en esta causa es la profesional del Derecho Mariana Barbitta. El primer escrito que presentó fue una planteo de recusación del juez Ercolini y también una solicitud para que se suspenda la inhibición general de sus bienes.
Apartar al juez del caso no parece ser una acción vinculada a la transparencia total de un imputado tan relevante como lo es un expresidente de la Nación. Pero Fernández afirma que tiene motivos. Eso, a pesar de que en el escrito sobre este punto desplegó argumentos contradictorios respecto a lo que él mismo había dicho sobre el magistrado y la causa en entrevistas con los medios.
Fernández pidió la recusación del juez Ercolini afirmando, ya en el expediente, que el magistrado no lo juzgaría de modo imparcial debido que “es sabido que durante largos años compartió unidad académica” con él, “en la Facultad de Derecho” de la UBA en la que “ambos se desempeñan como profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología”.
El ex presidente argumentó además que había denunciado al juez en la causa conocida como “Lago Escondido”, con críticas públicas sobre su desempeño, lo que habría generado también que otros colegas del Derecho iniciasen un “juicio académico” en su contra. Fernández afirma además que se encuentra perseguido penalmente, “sin justificación alguna”, por un magistrado “cuya conducta requirió que fuese investigada”, todo en el marco de una causa que se trata de una “venganza” en su contra.
El magistrado ya respondió su rechazo al planteo de excusación citando “la pacífica jurisprudencia que impide intentar recusar a los magistrados aludiendo a denuncias carentes de entidad suficiente”.
Definirá la cuestión la Cámara Federal.
Lo cierto es que Fernández había hecho declaraciones a los medios que contradicen su pedido de apartamiento de Ercolini.
Por ejemplo, había afirmado que el magistrado había sido “mi alumno en la UBA”, y no que fueron profesores en ese ámbito común.
El ex presidente había iniciado una embestida mediática contra Ercolini antes de que existiera la causa Lago Escondido. Apuntó contra él cuando su vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada en la causa Vialidad, instruida por el mismo magistrado.
En el caso Lago Escondido, para colmo, Ercolini fue absuelto.
En sus primeras defensas mediáticas sobre el escándalo de los seguros, Fernández le dio entidad a las sospechas, sin hablar de “venganza”, cuando aseguró a La Nación que si su secretaria, María Cantero de Martínez Sosa, había hecho algún pedido por el, entonces se podría haber “excedido” en sus funciones.
Ahora sus planteos jurídicos van en otros sentidos.
El video difundido por Clarín muestra la total y absoluta confianza e intimidad que tenía con Martínez Sosa. ¿Es creíble que el empresario de los seguros nunca le comentó, jamás, que ganaba contratos millonarios sobre ese rubro en su gestión?
Hay otras pruebas en el expediente que preocupan a Fernàndez. Martínez Sosa, por caso, ganó contratos con seguros de organismos públicos, siempre intermediando con Nación Seguros, que hasta que el expresidente llegó al poder tenían como brokers u organizadores a otras compañías. Eso pasó con la empresa de Gendarmería Nacional y sus pólizas de seguros de vida, que fue tramitada primero con una firma afín a él, llamada Bachellier S.A, a la que después Martínez Sosa removió para ser contratado de modo directo. Esa firma, Bachellier SA, fue allanada por la Justicia: su sede era una oficina fantasma, abandonada hace mucho tiempo, donde solo se encontraron papeles viejos y muebles con polvo de tanto desuso. Las autoridades investigan el verdadero vínculo de Bachellier SA, la aseguradora que màs dinero ganó con el Estado bajo gestión Fernández, con Martínez Sosa.
Éste último, según una auditoría de la SIGEN, es el asegurador, o bróker que está segundo en el podio de los contratados durante la última era K. Se alzó con casi 370 millones de pesos de cobro de comisiones.
Bachellier facturó 1.666.741.081 pesos desde el 2021 al 2024.
Martínez Sosa, como se dijo, avanzó sobre contratos que antes tenían a intermediarios que perdieron sus negocios en manos del amigo del Presidente.
La firma Castello-Mercuri dejó de trabajar con la empresa estatal Corredores Viales desde que Fernández llegó al poder: ese contrato pasó a formar parte del “universo” Martínez Sosa.
En una entrevista con el medio Cenital, Fernández fue enfático asegurando que no existía ni un solo contrato de seguros en su gestión que tuviera a intermediarios del ámbito privado.
Según la SIGEN, esos intermediarios sí existieron: fueron ochenta y tres.