Horas después de que varios gobernadores amenazaran con recurrir a la Corte Suprema o a la Justicia Federal, el Gobierno relativizó el supuesto desfinanciamiento a las cajas jubilatorias de 13 provincias que no las transfirieron al Estado y que desde hace tres meses no reciben un peso de la ANSES. El Ejecutivo adelantó que volverá a pagar cuando culmine una auditoría y los mandatarios provinciales optaron por un silencio más componedor, aunque temen un ajuste mayor y la licuación de los recursos.
En el lote de provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación y debían recibir fondos nacionales hay distritos de todos los signos políticos. Se cuentan peronistas y aliados como Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego; oficialismos provinciales como Córdoba, Misiones, Neuquén y Santa Cruz; y los ex JxC que todavía funcionan como una unidad para negociar con la Rosada, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.
En varias gobernaciones -que ya reclaman por la vía judicial las actualizaciones de esos montos- hubo alarma después de que el Gobierno eliminara en el DNU 280/24 publicado el jueves en el Boletín Oficial los artículos 92, 93 y 94 de la Ley de Presupuesto 2023, que quedó prorrogado, y que aseguraban las transferencias mensuales para los distritos mencionados. En el mismo decreto, el Gobierno oficializó la eliminación del fondo compensador al transporte y del fondo de incentivo docente.
“Las partidas están, se reasignaron a temas de partidas provinciales. Hay dos problemas históricos, el stock de la deuda que no es responsabilidad de este gobierno. Son deudas contraídas hace muchos años, de un monto difícil de clarificar porque hay auditorias pendientes”, señaló el ministro del Interior Guillermo Francos por la mañana en declaraciones a Mitre.
Por la tarde, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la Casa Rosada desmintió que las partidas hubieran sido eliminadas y prometió reactivar las transferencias una vez que el organismo previsional culmine su auditoría. “El crédito presupuestario contemplado en la Ley de Presupuesto para las transferencias a las cajas previsionales provinciales de la ANSES no ha sido eliminado. Esa información es falsa. Una vez culminado el proceso de auditoría que se está llevando a cabo a través de la ANSES, el Estado Nacional cumplirá en abonar los montos que correspondan a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación”, señala el comunicado.
“Lo que está por ley no se va a dejar de reconocer, sólo que para pagarlo tiene que estar claro qué es lo que se paga. Hay otras partidas. Lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir que es lo difícil”, enfatizó Francos.
La Oficina del Presidente responsabilizó a los medios por la difusión de la información, aunque fueron los propios mandatarios provinciales en on y en off the record quienes expusieron su malestar con la medida inconsulta. El santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora eran dos de los dirigentes más molestos, que dejaron trascender que estarían dispuestos a accionar en el fuero federal o en la Corte Suprema. “Mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley”, señaló el secretario previsional de Santa Fe, Jorge Boasso, que este sábado prefirió el silencio.
El Estado santafesino reclamaba a la Nación, antes de la asunción de Milei, fondos a las cajas jubilatorias por $600 mil millones y Córdoba presentó un reclamo por $400 mil millones, porque el gobierno del FdT no actualizó las partidas durante casi tres años. En la provincia mediterránea calificaban el viernes como ilegal la nueva decisión administrativa del Gobierno. Tras la aclaración del Gobierno respiraban aliviados aunque con matices. «Si es así, en buena hora, pero desde enero siguen sin pagar un peso», señalaron cerca del gobernador Martín Llaryora.
Un dirigente que colabora con el mandatario cordobés y sigue la discusión de cerca advirtió por el desfinanciamiento a las cajas provinciales. “Nadie dijo que se hubieran eliminado las partidas, pero sí se eliminó el mecanismo de ir financiando mes a mes e ir actualizando con el índice jubilatorio. Se desfinancian las cajas provinciales de esa manera, por la inflación. Se va a pagar con valor nominal a fin de año”, se lamentó.
En el mismo sentido se expresó el ex diputado lavagnista Alejandro“Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal. Ratificamos, entonces, que Milei y Toto Caputo desfinancian las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación, en trece provincias. También se ratifica que la denominada “Oficina del Presidente” desinforma, duerme largas siestas o no entiende nada”, señaló con ironía.
El Gobierno, en su comunicado, pidió discutir una reforma integral sistema previsional con todos los gobernadores. “El Presidente de la Nación espera que éste tema pueda ser tratado de cara al Pacto de Mayo a celebrarse el 25 de Mayo en la Provincia de Córdoba”, señala el texto.