Con el trasfondo de la tensión por el debate en el Senado de la ley Bases y el paquete fiscal y las consecuencias socio-económicas del duro plan de ajuste oficial, la CGT llevó a cabo este jueves su segundo paro general contra la administración de Javier Milei a la que le reclamó «rectificar el rumbo» a fin de evitar una escalada en el conflicto.
A diferencia de la protesta del 24 de enero, ésta tuvo un alto acatamiento por la paralización del transporte -sólo circularon algunas líneas de colectivos del AMBA pero casi sin pasajeros-, y la suspensión de la actividad fabril, aunque sí muchos comercios abrieron sus puertas para intentar mitigar las pérdidas que gatilla la actual recesión y hubo gente en las calles.
La huelga provocó fuertes cruces entre referentes del Gobierno y los jefes gremiales. Si bien la conducción cegetista evaluó como «un éxito» la medida de fuerza y amenazó con continuar el plan de lucha en caso que el Ejecutivo no atienda este «llamado de atención», aguarda que prime la sensatez y se retome el «diálogo social». No hay, en este sentido, consenso entre las diferentes tribus gremiales para escalar el conflicto y organizar un paro de 36 horas tal como piden los sectores más duros.
Esa supuesta amenaza sindical había sido mencionada por el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa del mediodía, en la que azuzó que se registraron 138 mil llamadas de ciudadanos a la línea 134 denunciando supuestos amedrentamientos gremiales, que durante la jornada algunos colectiveros de la línea DOTA -que no paralizó sus servicios- fueron «agredidos con piedrazos y pinchaduras de cubiertas» y también se produjeron bloqueos en los accesos a fábricas de San Martín y General Pacheco para impedir su funcionamiento.
El paro tuvo un dispar acatamiento en el comercio y en algunos servicios: durante varios tramos de la jornada las avenidas porteñas se cargaron de autos particulares. La ministra Patricia Bullrich (Seguridad) intentó bien temprano desacreditar el impacto de la protesta al subirse a un colectivo en Constitución pero no pudo pagar el pasaje porque la SUBE que le pasaron no tenia saldo. «No sólo no tenía crédito para pagar, las imágenes mostraron que adentro (del colectivo) no había nadie. La gente se quedó en la casa, que es lo importante», explicó Héctor Daer, cotitular cegetista, en la conferencia de prensa que brindó la central obrera por la tarde en el salón Felipe Vallese.
El titular del gremio de Sanidad optó por «no responder agresiones» ni «interpretar a Adornis (SIC)» que más temprano había catalogado a los líderes gremiales como «fundamentalistas del atraso». El líder gremial evaluó la medida de fuerza como «contundente en todo el país» y cuestionó al Gobierno por su política: «Nos están llevando a un extremo». Pero se hizo tiempo para considerar que el Ejecutivo «debe tomar nota» de los reclamos » y «reconfigurar su política de ajuste».
Menos diplomático, como de costumbre, estuvo Pablo Moyano que tildó de «viejo meado» al diputado José Luis Espert que más temprano había insultado a los organizadores de la huelga de 24 horas. Pero el cruce más picante del camionero fue con Luis «Toto» Caputo. «Que Caputo hable de los trabajadores es como que Barreda se ocupe de la familia», le espetó al recordarle el préstamo con el FMI de 2018. Al atardecer el ministro de Economía le agradeció los “continuos insultos” a los que consideró «bienvenidos, ya que vos sos todo lo que ningún argentino de bien quiere ser. Sos un mero matón al que el país entero detesta”.
Fue, a la postre, el primer paro general que unificó en el reclamo a todas las centrales sindicales y organizaciones sociales sin excepción desde el gobierno de Fernando de la Rúa. En los años del kirchnerismo en el poder e incluso con Mauricio Macri en el sillón de Rivadavia, siempre alguna importante expresión gremial no se plegaba a la protesta. Alberto Fernández, en cambio, no enfrentó medidas de fuerza durante su gestión.
Estuvieron presentes en calle Azopardo el «Peluca» Alejandro Gramajo, de la UTEP, y Gustavo Vera, de La Alameda, que en marzo fue cesanteado del Comité anti-trata cuando éste fue traspasado a Seguridad. Este consenso se produce en espejo con el devenir de la batalla cultural de los libertarios -en la que asimila al sindicalismo como un eslabón más de una «casta» que obturaría el desarrollo del país- y con el plan de ajuste en marcha.
Es por eso que los jefes sindicales congregados en la sede cegetista volvieron a meter presión a los senadores para que rechacen la ley Bases que, entre otras enmiendas, contempla que las pymes de hasta 5 personas podrán contratar empleados bajo la figura del colaborador. «Hay 600 mil empleados formales que podrían pasar a ser informales», insistió Daer, que adelantó que la semana próxima se reunirán con los bloques de la oposición dialoguista. También utilizó el micrófono para pedir a los diputados que rechacen el DNU 70 que en marzo ya había sido objetado por la Cámara alta.
Pese a los duros cruces y la tensión imperante, en la CGT esperan surjan nuevas instancias de diálogo con el oficialismo. Andrés Rodríguez (UPCN) recordó a Clarín que tras la reunión en Casa Rosada del 16 de abril «quedó abierta una puerta para el diálogo pero no se resolvió nada». Se mostró atento por la posibilidad de nuevos despidos de estatales. «Son terribles, no hay oferta de trabajo en ninguna otra actividad y si salen de su empleo van a la desocupación. Está fuera de lógica en estas condiciones Argentina», mencionó acerca de posibles cesantías en firmas como Trenes Argentinos.
Uno de los interlocutores con el gremialismo es el ministro Guillermo Francos (Interior). Pero también hay diálogo del sector con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, que el miércoles recibieron a José Luis Lingieri, el negociador cegetista por los fondos de las obras sociales.