«Yo les digo a mis clientes: ‘Ojo, ustedes van a tener que ir a la cola’. Si yo soy el ministro de Economía y no hay plata, ¿voy a dejarles de pagar a los jubilados o a los dueños de las empresas de energía? Las empresas no me van a hacer una marcha en Plaza de Mayo, frente a mi oficina«. Hace unos años, un ex funcionario de Mauricio Macri reflexionaba de esta forma sobre las prioridades en el gasto público durante una crisis.
El Gobierno aún no resuelve cómo pagar la deuda por subsidios a la energía eléctrica, que se agrandó en el comienzo de 2024 y fue uno de los pilares del superávit fiscal que celebran el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Mientras tanto, los dueños de las empresas tomaron protagonismo y se pusieron a la cabeza del reclamo, que por su importancia ya trascendió la línea de gerentes.
En los despachos oficiales cuentan que están contemplando los intereses de todas las partes para normalizar el flujo de pagos a la brevedad, «lo que les brindará liquidez, previsibilidad y estabilidad» a las compañías.
Si la decisión oficial fuera continuar pateando los pagos, habría un enorme costo en términos de seguridad jurídica -y de abastecimiento-, con riesgos de que las empresas inicien juicios en tribunales internacionales contra el Estado nacional.
La deuda con las generadoras eléctricas ascendería a unos 1.300 millones de dólares y se acumuló en apenas tres meses. Con las productoras de gas, en tanto, la deuda suma otros US$ 900 millones.
Las usinas más afectadas son Central Puerto, Pampa Energía, YPF Luz, AES, Albanesi, Enel, Genneia y MSU Energy, los principales jugadores del sector. Casi todos ellos están muy apalancados con préstamos de bancos internacionales, que tomaron para el financiamiento de sus inversiones.
Esta semana y luego de fuertes ruidos internos en el sector, Pampa Energía y la multinacional estadounidense AES mandaron comunicados a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para aclarar su situación, a requerimiento de la Gerencia de Emisoras del propio organismo.
La compañía de Marcelo Mindlin, abocada a la generación termoeléctrica y la producción de gas, declaró que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) -es decir, el Tesoro nacional, en última instancia- le debe $ 133.191 millones, «encontrándose vencidos y pendientes de pago las transacciones de los meses de diciembre 2023 por un total de $ 38.907.909.098, enero 2024 por un total de $ 43.965.580.313 y febrero 2024 por un total de $ 50.317.747.401».
En tanto, la firma estadounidense -con activos hidroeléctricos y térmicos- puntualizó que «las transacciones de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024 y los pagos correspondientes al crédito del Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Mayorista (FONINVEMEM) de los meses de marzo y abril» sumaron una deuda por un monto total estimado de $ 37.483 millones.
Ambas sociedades explicaron que en la actualidad no tienen problemas financieros ni de liquidez. No obstante, «si esta situación de mora se extendiere en el tiempo o se acumularan más períodos transaccionales, se afectará la capacidad de pago de las obligaciones de la Compañía en general», aclaró la filial argentina de la empresa AES.
Un informe de AdCap indica: «Se especula que una posible emisión de un bono BOPREAL pueda utilizarse para liquidar el monto de pago pendiente que suma $ 2 mil millones, incluyendo noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. La interrupción de pagos para contribuir con el superávit fiscal está generando tensiones en el sector y preocupación entre los tenedores de bonos corporativos internacionales».
«Nuestra visión es que ninguna empresa sufriría restricciones de liquidez debido a la interrupción de pagos de Cammesa debido al bajo nivel de endeudamiento que tienen. En resumen, no vemos peligro de debilidad crediticia en el corto o largo plazo», amplió AdCap en un informe preparado por María Moyano Hidalgo.
Qué es Cammesa y por qué no paga los subsidios
Cammesa es una sociedad mixta integrada en partes iguales (20% cada una) entre la Secretaría de Energía, las generadoras eléctricas, las transportistas, las distribuidoras y los grandes usuarios.
Hasta el momento opera como un intermediario administrativo y financiero: compra el gas a las petroleras y las importaciones que realiza Energía Argentina (Enarsa); lo revende a las generadoras, que lo utilizan para producir la electricidad; le vuelve a comprar la energía térmica y de otras fuentes a esas mismas generadoras y revende la electricidad a las distribuidoras.
Obtiene sus fuentes de ingresos por dos lados: el pago de la energía que compran las distribuidoras –tarifas de los usuarios- y los subsidios que aporta el Estado nacional.
Economía decidió dejar de pagar los subsidios para equilibrar las cuentas públicas. Y las distribuidoras de todo el país hasta marzo no tenían las tarifas que declaraban necesitar para hacer frente a sus costos, por lo que acumularon deudas con Cammesa por $ 922.298 millones. Milei pidió ejecutar a cooperativas de Chubut y la provincia de Buenos Aires y embargar sus cuentas para cobrar estos atrasos.
En la otra punta de la cadena, Edenor y Edesur reclaman que el Estado nacional incumplió el contrato de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017-2021 con los congelamientos de tarifas, por lo que serían acreedores de una deuda cercana a los $ 2 billones.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los subsidios a la energía «soportaron» el 9% del ajuste del gasto primario en el primer trimestre del año, con una caída de $ 763.429 millones de pesos constantes de marzo 2024.
El pago de las subvenciones energéticas representó el 4,8% del gasto primario entre enero y marzo y tuvo una caída en términos reales (descontado el efecto de la inflación) de 50,6% interanual.
Por su lado, el Frente Renovador preparó un informe que tomó la Confederación General del Trabajo (CGT) para denunciar que «no hay superávit real». Allí, sostienen que si se hubieran pagado los subsidios a la energía, el gasto público mostraría un crecimiento de $ 1,9 billones destinado a generadoras eléctricas y productoras de gas.
NE