El gremio de la UOCRA se declaró este lunes en estado de alerta y asamblea permanente ante la crítica situación que atraviesa la industria de la construcción por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei que, según denunció, provocaron en los últimos meses la perdida de 50 mil puestos de trabajo directos y otros 100 mil empleos indirectos.
El sindicato que lidera Gerardo Martínez, uno de los principales referentes de la cúpula de la CGT, alertó por la «caída abrupta y generalizada de la actividad económica», los efectos de la paralización de las obras públicas dispuesta por el Ejecutivo nacional y la desaceleración de las inversiones privadas para el futuro del empleo en la actividad. Y, en esa línea, advirtió sobre el estancamiento de la negociación paritaria en el sector.
«La situación se agrava en nuestra industria por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo, ante una inflación sostenida que castiga particularmente a nuestros trabajadores y trabajadoras sin que tengan otras herramientas para enfrentar tan crítica coyuntura que no sea la suba de sus ingresos», indicó la UOCRA a través de un comunicado de prensa.
El gremio y la cámara que agrupa a las empresas del sector (Camarco) iniciaron semanas atrás la discusión para acordar el incremento salarial para el mes de febrero, pero hasta el momento no lograron sellar un entendimiento. El último aumento paritario había sido acordado en enero: se fijó una suba de 20% con vigencia de un mes y atado a la evolución de la inflación del período.
En el comunicado con el que informó la decisión de declararse en estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país, el gremio advirtió sobre la crítica situación del empleo en la actividad y denunció la pérdida de 50 mil puestos directos y más de 100 mil indirectos en los últimos meses.
Indicó que ese deterioro es «consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno», una situación que -según destacó el sindicato de Martínez- «pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción».
Y añadió respecto al escenario de los emprendimientos en el sector privado: «La obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública».
Por otra parte, el gremio reprochó que frente al crítico cuadro que atraviesa el sector se mantenga «la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del Poder Ejecutivo Nacional», que -denunció- «se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria».
«Es inaceptable que el Gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país», criticó el comunicado del sindicato de la construcción.