Con el hongo nuclear de la inflación disminuyendo, en la economía argentina emergen otras carencias y también problemas estructurales sin cuya resolución será inútil el esfuerzo de millones de argentinos por devolver a la botella el genio maligno que segó los proyectos y luego la rutina de generaciones enteras. Una de esas bombas históricas es la discusión por mapa de los impuestos: cuáles deben ser, quién debe pagarlos, a quién, y sobre todo cómo se reparte el dinero. La enredada puja se esconde bajo el corriente nombre de «coparticipación federal».
Este martes, diputados nacionales y profesionales del derecho debatieron los posibles caminos para reformar el régimen, que hoy seca a las provincias grandes y productivas y premia a varias pequeñas, malgastadoras y con su población atenazada por la pobreza y gobernantes feudales.
José Luis Espert, Luciano Laspina y Ricardo López Murphy lo discutieron en una jornada organizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
En la apertura, el doctor Manuel Benites, secretario del Directorio del Colegio, describió en detalle la historia de la distribución de los recursos entre Nación y las provincias en Argentina: «A pesar de los beneficios que tiene, la percepción es que el sistema está agotado, en crisis y no representa la situación actual del país. Hoy tenemos provincias ganadoras y perdedoras en este régimen de distribución: la ciudad y la provincia de Buenos Aires».
En el primer panel, moderado por el periodista de Clarín Claudio Savoia, Espert disparó duro: «el régimen de Coparticipación Federal de impuestos es uno de los grandes responsables de que el país sea una gigantesca villa miseria, porque premia a los holgazanes«, y citó el caso de La Rioja, «que tiene más empleados públicos que privados, gasto financiado con una disociación entre ingresos propios y erogaciones, a partir del aporte de los ciudadanos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras provincias».
«Todo dinero que no sea invertido en los postulados de la Constitución Nacional es dinero malgastado», dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, citando a Juan Bautista Alberdi. El legislador propuso invertir la pirámide de recaudación, siguiendo el ejemplo de países como Alemania, donde la carga de recaudación impositiva mayor recae en los municipios y se traslada «de abajo hacia arriba«. Para eso, explicó, «se deben delimitar precisamente las competencias municipales, provinciales y federales» y pidió: «Basta de demagogia fiscal y basta de coparticipación federal de impuestos, hay que empezar a abrir la cabeza para pensar nuevas variantes para recaudar y distribuir impuestos».
Ciclo de charlas en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: José Luis Espert. Foto Guillermo Rodriguez Adami“La Coparticipación fue un veneno que destruyó tanto a las provincias ricas y a las provincias pobres. Las provincias pobres generaron un estado elefantiásico que destruyó el sector privado. Los provincias se mantienen con el dinero de la Nación. Esto crea ilusión fiscal, ya que los contribuyentes no perciben con claridad el costo del bien público y creen que no tiene costo para la sociedad, y por eso quieren más Estado presente. El ciudadano común no asocia el pago de sus impuestos con el gasto público”.
Ante la pregunta de qué tan factible ve la posibilidad de lograr un cambio en la ley de coparticipación durante este mandato de Milei, Espert sacudió su cabeza: “Llevaría mucho tiempo, pero hace falta convencer a la política que el camino es este. No lo veo cercano. Me parece muy lamentable que gobernadores, como el de la provincia de Buenos Aires preste su apoyo a gobernadores como Quintela, Insfrán y demás que gastan más de lo que recaudan, Kicillof pone por encima sus interés antes que los de los bonaerenses”
Luego, Laspina planteó: «tenemos un problema en el diseño de la coparticipación y de la representación parlamentaria, que sobredimensiona a las provincias chicas. El régimen de coparticipación generó un efecto rentísitico en algunas provincias, desincentivando incluso la inversión privada» y agregó: «el diseño institucional de la Argentina se ha convertido en una tragedia para replantear este sesgo del sistema, porque en los hechos la Cámara de Diputados se ha convertido en otro Senado: la ley Bignone de 1980 congeló la representación de la cámara de Diputados. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba deberían tener el 67% de la representación en diputados y hoy tienen solo el 55%. Hay sobrerrepresentación de las provincias chicas. Las provincias no tienen problema en subir impuestos porque recaudan de eso y el costo político lo paga nación.»
“Entre 2005 y 2022 el empleo público provincial aumentó en un 50%. Tenemos un enorme sesgo hacia las provincias que reciben mucho más de lo que aportan. Tierra del Fuego tiene 127 empleados públicos cada 1000 habitantes”, enumeró Laspina. “La segunda cuestión son los “impuestos invisibles”, por la cantidad que existen se pierde el control de lo impositivo y la relación entre cuánto estoy pagando y qué recibo a cambio”.
Para salir de esa situación, el legislador del PRO propuso presentar ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de certeza para «poner en tensión el principio de unanimidad que plantea la legislación para los cambios, que es un sinsentido porque es un criterio incluso más exigente que para la propia reforma constitucional».
En el cierre del panel, López Murphy consideró que «la ley de Coparticipación tiene que hacerse con criterios racionales. Las leyes que tiene el resto del mundo tienen criterios racionales, pero la 23.548 es inexplicable. Debe modificarse: es preferible adoptar cualquier otro vigente en cualquier lugar del mundo que el nuestro, porque no tiene racionalidad» y denunció una «patología en las finanzas públicas, donde el Estado cobra impuestos, no para brindar servicios si no para hacer transferencias de cualquier tipo».
Ciclo de charlas en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: Ricardo Lopez Murphy. Foto Guillermo Rodriguez Adami.“Otra solución es la propuesta por María Eugenia Talerico: devolver a las provincias su capacidad de recaudar sus impuestos. Eso baja la fracción que corresponde a la redistribución que da lugar al saqueo porque donde hay propiedad común hay saqueo«, razonó López Murphy.
El diputado y ex ministro de Economía y Defensa concluyó: «Se puede recomponer la capacidad tributaria de las provincias, con eso se puede sanear el escándalo que tenemos hoy».
En el segundo panel, que trató el impacto jurídico del régimen de coparticipación federal, debatieron el expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera; Antonio María Hernández, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y ex convencional constituyente; Corina Laudato, socia de la práctica de Derecho Tributario del estudio Mitrani/Caballero, y Gabriel Astarloa, exprocurador general del Gobierno porteño.
«No hay desarrollo humano y económico si no hay instituciones. Argentina es decadente ahora porque perdió el rumbo institucional hace tiempo«, abrió Hernández. En referencia al debate por la Coparticipación, el catedrático planteó: «Es la hora del acuerdo entre el Presidente y los gobernadores para sancionar una ley convenio de coparticipación impositiva, de conformidad con los principios constitucionales».
Un dato clave: Hernández rechaza la tesis de que la Constitución obliga a la unanimidad de todas las provincias para decidir cambios o sancionar una ley de coparticipación que distribuya los recursos federales que recauda la Nación.
Como responsable de la estrategia jurídica porteña en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, Astarloa habló sobre el conflicto de la Ciudad con la Nación por los fondos coparticipables durante la presidencia de Alberto Fernández. «Ese zarpazo sobre los recursos de la Ciudad no se hubiese producido si se hubiese cumplido con la manda constitucional de un nuevo régimen de coparticipación federal y si se hubiese dado pleno cumplimiento al proceso de autonomía», y recordó que el fallo favorable de la Corte de diciembre de 2022, «todavía permanece incumplido».
Para el cierre, Lipera planteó: «El de la Coparticipación Federal es un nuevo desafío que asume el Colegio. Este problema hace a la falta de federalismo y esta falta de federalismo mina los principios republicanos, sobre todo en el aspecto de evitar la concentración del poder«. «Entre diciembre de 2005 y febrero de 2006 se sacaron leyes que afectaron seriamente al sistema republicano por un esquema de toma y daca con los gobernadores. Tenemos que terminar con esto porque llegamos al extremo de que cuando la Corte Suprema hace lo que tiene que hacer le piden juicio político», recordó y concluyó: «Por buscar la concentración del poder se armó un grupo de gobernadores que se han llenado de plata a costa del esfuerzo de los argentinos y del que hoy somos rehenes. Necesitamos una ley que termine con estas decisiones arbitrarias».