El Gobierno anunció que mandará la semana que viene un proyecto de ley al Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior de 1991 para permitir que las Fuerzas Armadas “a partir de la declaración de actos terroristas queden habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y proporcionar seguridad a instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”.
En forma paralela, el ministro de Defensa Luis Petri tiene redactado un proyecto de decreto presidencial para anular la reforma a la reglamentación de la ley de Defensa que hizo la ex ministra de Defensa Nilda Garré en el 2006 y prohibió a los militares actuar contra otra fuerza que no sea un Estado.
Para Petri, la “reforma Garré” y la propaganda de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner sobre la violencia de los setenta “han demonizado y perseguido a las Fuerzas Armadas” en los últimos años por un “sesgo ideológico”.
Petri aclaró que si el congreso modifica esa ley de Seguridad sancionada por el ex presidente Raúl Alfonsín la calificación de “acto terrorista” la va a decidir un “Comité de Crisis”.
Para el gobierno, por ejemplo, asesinar a un civil como sucedió en Rosario para crear terror es un “acto de terrorismo como dice el artículo 41° en el Código Penal». Es decir, se trata de enfrentar el “narcoterrorismo”.
Al explicar en detalle las modificaciones propuestas, Petri sostuvo que el accionar de las Fuerzas Armadas se dará “en un supuesto muy particular que es el terrorismo” y que “está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población”.
Además, la actuación de militares en esas tareas policiales “va a requerir la concurrencia y la voluntad expresa del Gobernador de la provincia en donde se requiera”, agregó.
“Las Fuerzas Armadas se van a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, en donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”, dijo Petri en declaraciones telefónicas a Clarín.
Explicó que si la Argentina hubiera recibido un ataque de Hamas como el perpetrado contra Israel el 7 de octubre pasado, “las fuerzas armadas argentinas no habrían podido actuar” porque el grupo terrorista no es un estado.
Para Petri, la mayoría de los países “cambiaron su doctrina militar tras los ataques contra las Torres Gemelas del 2001” por parte del grupo terrorista Al Qaeda de Bin Laden.
Por ejemplo el Comité de Crisis de Rosario está presidido por la Ministra de Seguridad y copresidido por el Gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro e integrado por comandantes de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
El ministro explicó que “lo que se busca es capacitar y dotar a las Fuerzas Armadas con recursos y armamento específico, para intervenir a nivel federal bajo un marco legal en situaciones relacionadas con el narcoterrorismo”. Si el congreso reforma la ley de Seguridad, Petri necesitará por lo menos seis meses para entrenar un batallón “de no más de 2 mil efectivos” para intervenir en ese tipo de situaciones extraordinarias, como las que sufre Rosario. No va a abarcar a los 86 mil efectivos que tienen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La presentación de un proyecto de ley ante el Congreso Nacional es para modificar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior 24.059. Este artículo dice textualmente: “En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.
Petri dijo que esa ley no prohíbe en forma explícita la participación de las FF.AA. Entonces, se la modificará para que lo autorice y así “darle todo el respaldo legal a los militares para actuar”. Y tampoco lo prohíbe la Constitución.
Sin embargo, subrayó, en la actualidad las fuerzas armadas están autorizadas a actuar en un caso de conmoción interna cuando el gobierno declare el Estado de Sitio. Pero, paradójicamente, no están preparadas para ello. Esta situación, las convierte en un instrumento «ineficaz» para estos casos límites, a menos de que se las entrene y se las arme para ello.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei los militares en actividad han advertido en comentarios off the record que carecen de garantías legales como, por ejemplo, para portar armas en la vía pública. Además, hasta ahora ningún alto oficial fue consultado sobre el proyecto de ley que se mandará al Congreso.
Desde 1991 hasta ahora, los militares solo daban apoyo logístico a los policías en la lucha contra el el narcotráfico y así lo hicieron durante los gobiernos kirchneristas y el de Mauricio Macri en los llamados Operativos Fortín I y Fortín II y Escudo Norte, entre otros.
“Sabemos que para derrotar definitivamente al narcotráfico es imprescindible realizar una tarea coordinada, interagencial y que involucre a los tres poderes del Estado. Es imprescindible realizar investigaciones criminales complejas de inteligencia criminal, endurecer las penas y, también, realizar el patrullaje y las investigaciones patrimoniales para extinguir el dominio de las organizaciones criminales y quitarles el poder de fuego”, expresó Petri.
El objetivo es que las Fuerzas Armadas “no solo brinden apoyo logístico, sino que puedan actuar en operaciones terrestres, navales, aeroespaciales y ciberespaciales, sumando así sus capacidades para proteger a los argentinos”, agregó.
En cuanto a la reforma del decreto 727/2006 de la ex ministra Garré, Petri pretende ampliar las amenazas que las FF.AA. pueden repeler y además, autorizar un despliegue hacia las fronteras donde los militares puedan hacer tareas de control portando armas y sin necesidad de llevar a policías en sus patrullajes.
El artículo 1º de ese decreto dice textualmente “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en operaciones de apoyo a la seguridad interior”. “Se entenderá como «agresión de origen externo» el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, agregó al decreto de Garré.
Otro artículo que se buscará reforma de ese decreto es el 3° que dice que “el Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior, conforme la misma aparece delimitada en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior”.