El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández, de su amigo el broker Héctor Martínez Sosa como de su esposa, la ex secretaria del jefe de Estado María Marta Cantero. La resolución, a la que accedió Clarín, incluye un extenso listado de aseguradoras que intervinieron en la maniobra bajo investigación, que se enfoca en los contratos de diversos organismos del Estado con Nación Seguros SA. Respecto de todos ellos, además, se ordenó levantar el secreto bancario y fiscal.
En este expediente se investiga la posible existencia de una organización delictiva «que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA; como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta», explicó el juez Ercolini al firmar la medida cautelar.
Entre otros aspectos, por pedido del fiscal Carlos Rívolo, se ordenó el levantamiento del secreto bancario de los principales imputados, entre ellos el ex presidente de la Nación, Martínez Sosa al igual que a su empresa, el de su esposa y ex secretaria de Alberto Fernández, María Marta Cantero y unas treinta personas físicas y jurídicas bajo investigación.
La causa que tiene el juez Julián Ercolini investiga las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, a través del cual Alberto Fernández impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa “Nación Seguros SA.
Entre los aspectos centrales que la justicia cuestiona, se encuentra el hecho de que ese decreto habilitando un segundo paso: la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones.
Además, se planteó en la causa que la decisión de Alberto Fernández vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas “que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.
La maniobra a través de la firma Nación Seguros se concretó «durante la gestión de Alberto Pagliano, mediante un convenio interadministrativo”.
El siguiente paso fue establecer la posibilidad de dar participación a otras aseguradoras en forma de coaseguro.
En dicha etapa es donde “gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contaron con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas) entre los que se encuentran, entre otros, Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello.
Para tales fines, se utilizaron las firmas Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía S.A.; TG Broker S.A.; Bachellier S.A.; Castello Mercuri S.A. y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A.; “a quienes se les abonaban comisiones que conforme lo denunciado, serían superiores a las de mercado y/o habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas mediante un irregular o inexistente o direccionado proceso de selección”, indica la resolución judicial
En el marco de la investigación a esas cinco aseguradoras, se les colocó un número que podría fijarse como el perjuicio ocasionado al Estado.
Las cinco firmas que destaca la resolución del juzgado se desprenden de una auditoría realizada por Nación Seguros a comienzos de este año. Estas compañías «se ubican en la cúpula entre los intermediarios que mayores comisiones percibieron desde el año 2020 hasta la elaboración del estudio».
Se trata de Bachellier, en el primer puesto, Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía, en el segundo. Le sigue, Castello Mercuri, a continuación se detalla a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y en el quinto lugar, TG Broker.
En conjunto, las cinco acumulan 2.782.170.946 de pesos percibidos en comisiones de Nación Seguros durante el período en cuestión, sobre 3.453.302.777 pesos del total de productores, representando más del 80%.
En base a esta estructura inicial del caso, el juez tomó la decisión de ampliar la ventana de tiempo en la que se habrían cometido las presuntas irregularidades bajo investigación. Ahora, abarca toda la presidencia de Alberto Fernández. Esto se debe a que después de analizar 45 contratos bajo esta modalidad, se determinó la existencia de “dichas intermediaciones entre ambas partes contratantes con anterioridad al dictado del mencionado decreto”.
La decisión en esta etapa de la pesquisa fue decretar una inhibición general de bienes del ex Presidente de la Nación, de los demás imputados en el caso como ser su amigo Héctor Martínez Sosa a quien la justicia le añade la mayor cantidad de contratos firmados bajo la modalidad hoy sospechada de irregularidades. Es un listado de 33 personas físicas y jurídicas bajo análisis.