Pese a las amenazas y advertencias del Kremlin, la Unión Europea mantiene inmovilizados cerca de 200.000 millones de euros de activos del Banco Central de Rusia, retenidos en uno de los mayores depositarios como es Euroclear como consecuencia de las medidas restrictivas impuestas a Moscú por su guerra en Ucrania. Esta semana, los Veintisiete han dado el primer paso para obligar a los depositarios centrales de valores a contabilizar por separado las ganancias extraordinarias con vistas a utilizar estos beneficios para financiar la reconstrucción de Ucrania.
Nada más producirse la invasión, el 24 de febrero de 2022, una de las medidas que primero puso en marcha la UE fue prohibir las transacciones relacionadas con la gestión de reservas y activos del Banco Central de Rusia. El resultado fue que miles de millones quedaron «retenidos». Las estimaciones apuntan a una cifra cercana a los 200.000 millones, aunque se acercaría a los 300.000 millones si se suman los activos retenidos por otros países del G7, que al igual que la UE llevan meses discutiendo sobre cómo utilizar este dinero para ayudar a Kiev en una tarea monumental como será la reconstrucción del país.
Bruselas presentó una propuesta en diciembre. La decisión adoptada por la UE, en línea con la posición que mantiene el G7, prohibirá a organizaciones como Euroclear utilizar los beneficios que generen los activos inmovilizados y establece normas claras sobre cómo tendrán que actuar en el futuro. Por ejemplo, los depositarios centrales de valores que posean más de 1 millón de euros en activos de la entidad rusa tendrán que contabilizar por separado los saldos de efectivo extraordinarios que acumulen como consecuencia de las medidas restrictivas. También tendrán que mantener separados los ingresos correspondientes y no podrán liquidar los beneficios netos resultantes.
Segunda fase
Se trata de un primer paso que allanará el camino para que los Veintisiete decidan en un futuro si establecer una contribución financiera al presupuesto europeo por medio de la nueva facilidad para Ucrania –dotada con 50.000 millones y acordada el pasado 6 de febrero– con vistas a financiar la recuperación y reconstrucción del país. Además, y dados los riesgos y costes que conlleva mantener activos y reservas del Banco Central de Rusia, cada depositario central de valores podrá solicitar a su autoridad de supervisión que autorice la liberación de una parte de esos beneficios netos con el fin de cumplir los requisitos legales en materia de capital y gestión de riesgos.
«Saludo la decisión del Consejo» pero «animamos a adoptar nuevas medidas que permitan su utilización práctica en interés de Ucrania. Estas medidas deben ser ambiciosas y rápidas. Ucrania está lista para seguir trabajando con sus socios para alcanzar su objetivo último: poner los activos rusos a disposición de Ucrania. El agresor debe pagar», destacaba este lunes el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba.
Cautela
El debate sobre el uso de los activos congelados lleva desde hace meses sobre la mesa de los dirigentes europeos, aunque el temor al impacto que esta medida podría tener sobre la estabilidad financiera del Viejo Continente y la confianza en el euro ha llevado a Bruselas a actuar con extremada cautela y un plan muy medido. De hecho, lo que han hecho por ahora los Veintisiete es simplemente adoptar una legislación que obliga Euroclear a gestionar y contabilizar por separado los beneficios que generan los activos rusos inmovilizados e impedir que se distribuyan en forma de dividendos a accionistas y terceros. Posibilitar que ese dinero se utilice requerirá de una nueva propuesta que de momento no se ha presentado.
En lo que si avanzan los Veintisiete es en un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el décimo tercero, con la intención de aprobarlo en el segundo aniversario de la invasión. La idea, además de incluir nuevos nombres en la lista de personas afectadas por medidas restrictivas, es castigar también a empresas de China y otros países como Serbia o Turquía que ayuden al Kremlin a esquivar las sanciones internacionales contra los productos de uso dual.