A la misma hora en que el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck visitaba el miércoles al ministro del Interior Guillermo Francos para transmitirle la invitación de los mandatarios patagónicos al Presidente a una cumbre con ellos en Chubut el 7 de marzo, su ministro de Desarrollo Social reclamaba junto a sus pares de 10 provincias el envío de fondos para comedores escolares, una herramienta crucial de asistencia.
El reclamo se suma a la presión de las organizaciones sociales, que este jueves volvieron a movilizarse a Economía: denuncian el desabastecimiento a comedores populares.
El reclamo de los delegados provinciales no fue tan ecuménico como la carta de los 24 ministros de Educación al país enviaron al secretario de Educación Carlos Torrondell después de que el Gobierno anunciara la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
“Hasta que asumió Javier Milei ningún gobierno llegó al extremo de recortar de manera tan drástica la ayuda alimentaria a los merenderos y comedores escolares. Estamos ante una situación inédita y de gravedad para los más desprotegidos”, señala el documento al que también adhirieron los representantes de 7 provincias peronistas (La Rioja, Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero y Formosa) y de los gobiernos de Tierra del Fuego, Neuquén y Misiones.
El ministro bonaerense Andrés Larroque hizo las veces de anfitrión en la Casa de la Provincia en la Ciudad. Ese detalle impidió que ministerios de los distritos PRO y de la UCR se sumaran al reclamo. También pegó el faltazo el delegado del catamarqueño Raúl Jalil, un gobernador cada vez más alineado con la Casa Rosada, aunque no tanto como el tucumano Osvaldo Jaldo. El salteño Gustavo Sáenz, que esta semana pasó por Balcarce 50 tampoco mandó a nadie. Los gobernadores de JxC ya advirtieron que tampoco participarán de ninguna reunión política que convoque Axel Kicillof.
Los ministros firmantes reclamaron que el secretario de Familia y Niñez (ex Desarrollo Social) Pablo de la Torre y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello convoquen cuanto antes al Consejo Federal de Desarrollo Social.
«La Nación se deslinda de esas posibilidades pero se queda con los recursos. Para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) destinaron para todo el año $ 47 mil millones, eso es menos de lo que la Provincia destina en un mes. Hay un aumento de un 50% de la demanda de alimentos y todo indica que va a seguir creciendo», declaró Larroque en declaraciones radiales. Hasta el momento no hubo transferencias.
Extraoficialmente, en el Gobierno la respuesta es la misma de siempre. “La postura es la que viene diciendo Milei: que se hagan cargo las provincias de lo que les corresponden”, sostienen.
En rigor, el aporte de la administración nacional a los Sistema de Alimentarios Escolares de los 24 distritos está regulado por varias resoluciones y algunas leyes de larga data. El Estado nacional aportaba, por ejemplo, entre el 28 y 30 por ciento a los distritos más populosos, con la excepción de la Ciudad, y el 15 para otras. En total, según números oficiales 18.496 escuelas recibieron subsidios para refuerzos alimentarios y había cerca de 3 millones de alumnos bajo el mismo convenio.
Con la transferencia de la Educación a las provincias, en 1994, los distritos absorbieron la competencia sobre los comedores escolares, pero con la crisis de 2002, el Estado empezó a auxiliar a los distritos y hasta un porcentaje de la coparticipación debe tener ese destino. En 2022, Larroque (que entonces era secretario general de La Cámpora y no se había alejado de Máximo Kirchner) firmó en la Casa Rosada un convenio de actualización con Juan Zabaleta y Alberto Fernández.
En el Presupuesto de 2023 -prorrogado porque el Gobierno no envió uno nuevo para este ejercicio- se votó la extensión de la emergencia alimentaria (votada en 2019) hasta 2025. El interrogante que se abre es si con una inflación interanual que en enero fue del 238,5%, el Gobierno puede seguir licuando el gasto en materia alimentaria. El presupuesto de las partidas alimentarias en 2023 era de $ 470 mil millones, pero con la reasignación de partidas Desarrollo Social gastó el año pasado casi el doble.
La Resolución 8/2020 que estableció el publicitado Plan Argentina contra el Hambre, que intentó ser una de las banderas de Alberto Fernández, nunca fue dado de baja y entre los componentes incluye la colaboración del Gobierno para asegurar las prestaciones de los comedores escolares. Lo mismo ocurre con la ley 25724 que creó el Programa de Nutrición Nacional, la ley 18.612, de comedores escolares promulgada en 1970, que perdieron fuerza con la descentralización de la Educación.
La UTEP, en tanto, reclamó este jueves frente al Palacio de Hacienda por la política social del Gobierno, que esta semana oficializó cambios en el Potenciar Trabajo para repartirlos entre la ex Cartera de Desarrollo Social a Trabajo y limitar la influencia de las unidades de gestión (cooperativas) que controlan las organizaciones sociales.
En ese contexto, el sábado la agrupación Barrios de Pie organiza un foro en la Facultad de Filosofía y Letras por la emergencia alimentaria en el que participarán funcionarios bonaerenses, el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo y que contará con la sorpresiva presencia del radical Facundo Manes, reconvertido en un opositor duro contra la gestión de Milei y que se explayará sobre un informe sobre malnutrición infantil.