La jueza Alejandra Provítola procesó con prisión preventiva a tres hombres acusados de integrar una asociación ilícita que conseguía planes sociales y les cobraba una comisión a las personas que percibían ese beneficio. En la investigación intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo de Marcela Sánchez.
Los tres «chocolates» son José Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Gil, quienes cobraban las tarjetas de débito de por lo menos 20 personas carencias vinculadas a «Barrios de Pie» y cooperativas de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.
El primer «chocolate» detenido fue Julio Rigau, quien es un puntero del kirchernismo de La Plata y también usaban la modalidad de cobrar sueldos de empleados de la legislatura bonaerense.
La investigación se inició en diciembre de 2019 cuando un oficial -que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de una sucursal bancaria ubicada en Avenida Callo al 100- advirtió la presencia de dos hombres que ingresaban a la zona de cajeros automáticos y efectuaban varias operaciones. Para ello, utilizaban diversas tarjetas bancarias.
Ante la sospecha de que se tratara de plásticos sustraídos o clonados, el policía procedió a identificar a los dos hombres y a determinar si las tarjetas estaban a su nombre.
Tras realizar diversas medidas de prueba, el 16 de agosto de 2021 la jueza procesó a dos de los imputados como coautores del delito de “defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades”.
En ese marco, y con el fin de profundizar la pesquisa ante la eventual comisión de otros delitos, la fiscalía logró determinar que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa.
Por ello, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió una serie de medidas que evidenciaron que los dos hombres procesados junto a un tercero integraban -en calidad de miembros- una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y el 5 de diciembre de 2019, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.
A través de la organización, los tres imputados habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas, que percibían planes sociales de los programas “Argentina Trabaja” y -luego renombrado- “Potenciar Trabajo”, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido unos 3.000.000 pesos.
La maniobra desarrollada por los imputados consistía en simular que tenía injerencia en el otorgamiento, permanencia o quita de beneficios sociales. Así, hacían inscribirse a las víctimas en los planes sociales y, una vez verificado que se les había concedido, les exigían el 50% o un porcentaje menor del subsidio. Las personas damnificadas les entregaban el dinero o las tarjetas de débito junto a sus correspondientes claves de acceso, para que efectuaran las extracciones.
También, las víctimas eran obligadas a mantenerse dentro de la cooperativa en la que se los inscribía, a captar nuevas víctimas o a asistir a marchas sociales relacionadas con los movimientos sociales dentro de los cuales funcionaban esas cooperativas.
Ahora, en base a las pruebas recabadas por la fiscalía, la jueza Provítola dictó los procesamientos con prisión preventiva de los tres hombres como coautores del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros; y coautores de los delitos de “defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño -reiterado respecto de al menos 20 víctimas-, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado en grado de tentativa -respecto de al menos 2 víctimas-, estafa reiterada -en tres oportunidades- y extorsión”.
Además, determinó la privación de la libertad de los tres procesados bajo la modalidad de arresto domiciliario y que fueran incorporados al régimen del «Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica», dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, a fin de que se les instalara los respectivos dispositivos electrónicos de rastreo o posicionamiento.
La jueza también dictó el embargo de los bienes de los tres imputados hasta cubrir la suma de $1.613.265 cada uno y mantuvo las prohibiciones de salida del país y acercamiento y contacto con las víctimas de los hechos investigados.