El Gobierno anunció este viernes que entró en la segunda etapa de su plan económico, que consiste en la eliminación de la deuda que el Banco Central (pasivos remunerados del BCRA) tiene con los bancos públicos y privados y su transferencia voluntaria al Tesoro, como preparación para ir a una tercera fase, de «salida del cepo y crecimiento», sin plazos.
El cambio de manos de esa deuda implicará que el Tesoro tenga una necesidad financiera adicional cercana al equivalente a 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) o unos 1.800 millones de dólares, que deberá conseguir mediante un ajuste extra en el gasto público (jubilaciones, obra pública y aumentos de tarifas) o con mayor recaudación de impuestos.
De esta manera, la administración del presidente Javier Milei busca demostrar su compromiso con el equilibrio en las cuentas públicas y el «saneamiento» de la hoja de balance de la autoridad monetaria, para que el BCRA pueda tener autonomía a la hora de definir las tasas de interés (que podrían ser superiores a la inflación para atraer a los ahorristas al plazo fijo) y desacelerar la evolución de los precios.
Estos pasos funcionarán como la previa a la unificación cambiaria, que será cuando el Gobierno pueda asegurar que no se generará volatilidad y que no tendrá un impacto severo en la inflación.
Además, en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, volvieron a negar una devaluación brusca, sostuvieron que seguirá vigente la tasa de crawling peg (depreciación del tipo de cambio chica y administrada) de 2% mensual y repitieron que se mantendrá el dólar «blend«, que paga a las exportaciones un mix de 80% de tipo de cambio oficial y 20% del dólar Contado Con Liquidación (CCL).
Los anuncios llegaron al final de un mes en el que hubo fuerte ruido cambiario -el dólar blue subió un 10,6% hasta $ 1.355-, y rumores, luego de que el BCRA tuviera un saldo negativo en el mercado por US$ 54 millones en plena temporada alta de la cosecha agropecuaria.
Tras una fuerte acumulación de reservas producto de la devaluación y la nueva deuda comercial con importadores, que lo llevó a recuperar cerca de US$ 11.500 millones, el Banco Central deberá vender hasta septiembre unos US$ 3.000 millones por las compras de energía para pasar el invierno.
Mientras tanto, el mercado estima que las cerealeras y los productores del campo retienen en silobolsas unos US$ 15.000 millones a la espera de mejores condiciones (baja de retenciones, devaluación o suba de precios de sus bienes).
Caputo también prometió que bajará el impuesto PAIS que se cobra a las importaciones del 17,5% al 7,5% -la alícuota original que estableció el gobierno anterior en julio 2023- cuando el Tesoro reciba los ingresos por el paquete fiscal, que contiene la vuelta del impuesto a las ganancias para más de 1 millón de trabajadores y el cobro anticipado de Bienes Personales, lo que ocurriría entre agosto y septiembre.
Las tres canillas de la emisión
Después de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso y al término del primer semestre del año, Economía y el BCRA sumarán la «emisión monetaria cero» al déficit fiscal cero -equilibrio en las cuentas públicas-, que obtuvo al recortar fuerte el gasto y aumentar ingresos como el Impuesto PAIS.
«La emisión tiene tres canillas: el financiamiento del déficit, los intereses de la deuda del BCRA y la compra de reservas. Ya eliminamos la primera, ahora vamos a cerrar la segunda», definió Caputo.
Y agregó: «¿Qué implica para la gente? Es una profundización de lo que venimos haciendo. Habrá menores problemas con el dólar, al estar fija la cantidad de pesos. Se reduce la volatilidad cambiaria y se apoya el proceso de desinflación, que implica menor riesgo para pasar a la tercera etapa, la salida del cepo».
El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el anuncio. «Le damos el beneplácito a las medidas para reforzar el marco de política monetaria», dijo una fuente del organismo.
A mediados de junio, el Fondo aprobó la octava revisión del programa y reiteró en un informe técnico que la Argentina debía eliminar los múltiples tipos de cambio, acelerar la tasa de devaluación, pagar tasas de interés por encima de la inflación y volver a cobrar el impuesto a las ganancias a los trabajadores para hacer sostenible al programa económico.
Frente a esto, el ministro contestó: «No tiene ningún sentido devaluar. El mercado tiene que dejar de creer que esa es la forma de tener más competitividad, porque solo genera inflación, pobreza e incertidumbre. Lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos, y nuestro objetivo es que al final de nuestro mandato hayamos podido reducir el 90% de la cantidad de impuestos».