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Gualeguaychú: vinculan las inundaciones al desastre de Amarras

“Exigimos a las condenadas la urgente recomposición del predio a su estado anterior. Basta de dilaciones y chicanas legales. Altos de Unzué, el Gobierno de Entre Ríos y el Municipio de Pueblo General Belgrano son responsables de la gravedad de estas inundaciones”, reclamó en un comunicado el grupo de abogados que impulsó el amparo ambiental por la construcción de un country fluvial en los humedales del río Gualeguaychú.

Los litigantes volvieron a demandar que se ejecute la sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia para que se repare el ecosistema destruido por la construcción del barrio privado Amarras.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hizo lugar al recurso de queja interpuesto por el recientemente fallecido abogado Julio Jesús Majul, con la representación del abogado Mariano Aguilar, y declaró «formalmente procedente el recurso extraordinario» presentado en el marco de un amparo ambiental que rechazaba la instalación del barrio privado Amarras, un proyecto que divide a dos municipios, Gualeguaychú y Pueblo Belgrano.

En 2016, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos rechazó un recurso extraordinario interpuesto por parte del colectivo de organizaciones ambientales y sociales de Gualeguaychú que acompañaron el recurso de amparo promovido por el vecino Julio Majul contra la instalación del barrio privado Amarras. En primera instancia, la Justicia del sur provincial había dictaminado que Amarras avanzó con su proyecto sin contar con el visto bueno de las autoridades de Medioambiente de la Provincia.

Aquella primera sentencia, sin embargo, fue apelada por parte de la empresa Altos de Unzué S. A. y por el Municipio de Pueblo Belgrano; entonces el asunto fue a parar al STJ, que le dio la razón a la empresa y por eso el tema recaló en la Corte. «La empresa emprendedora de un fabuloso negocio desvió el cauce de un río (propiedad de todos), destruyó parte del Parque Unzué (propiedad de todos los gualeguaychuenses) y consiguió que se ampliaran los límites de un Municipio al solo efecto de beneficiar a su empresa. Lo que denunciamos, y esperamos que la Corte Suprema comprenda, es que no es posible que alguien destruya bienes propiedad del pueblo, sólo porque le conviene para ganar dinero», explicó Majul cuando el caso llegó a la máxima instancia federal.

La Corte, además, ordenó reparar el daño ambiental, algo que nunca se concretó.

Al respecto, los abogados apuntaron que “el emprendimiento arrasó con 112 hectáreas de monte en galería y zona de amortiguación” lo que provocó “la elevación de la cota en unos 7 metros”, y que ha traído como consecuencia un mayor impacto en las inundaciones que padece actualmente la zona. En diálogo con ERA Verde, Selva Chesini, del equipo de letrados, apuntó que el expediente se encuentra a la espera de definir el perito que evaluará el plan de remediación. También está pendiente de resolver una instancia de mediación que el juez interviniente ya rechazó en un primer planteo, pero que la Secretaría de Ambiente provincial insiste conformar como espacio de negociación.

“En plena etapa de ejecución de sentencia” por el amparo ambiental en la causa del daño provocado por el proyecto inmobiliario “Amarras”, “nos encontramos con la ciudad de Gualeguaychú bajo agua”, apuntó en un comunicado a los medios el grupo de abogados que continuará con la causa iniciada por el recientemente fallecido Julio Majul. Como se recordará, la demanda para que se frente y restaure el ambiente dañado por el emprendimiento Altos de Unzué SA logró resolución del máximo tribunal de la Nación, pero por distintos vericuetos legales han llevado a que hoy día todavía se encuentra pendiente de resolver la ejecución de sentencia.

En este sentido, las terribles inundaciones que actualmente padece la ciudad de Gualeguaychú e inmediaciones han reavivado esta postergada definición. “La realidad demostró por un lado que cayeron cerca de 300 milímetros en 72 horas y no hubo posibilidad de que la población pueda evacuarse y evitar la infinidad de daños materiales que hoy tenemos. Llovió mucho, pero también hemos hecho desaparecer las esponjas de amortiguación que tiene todo curso de agua; que son precisamente las zonas bajas, llamadas de pantano o humedal y todo nuestro monte en galería”, apuntaron los litigantes en una declaración dada a conocer este lunes 18 de marzo.

¿Qué pasó con el plan de recuperación ambiental que debió encarar Altos de Unzué?

El expediente se encuentra frenado, confirmó a ERA Verde la abogada Selva Chesini, quien precisó que “todavía no se ha definido el perito que debe analizar el supuesto plan de recomposición que presentó la empresa. No se ha definido por muchas chicanas que vienen presentando, sobre todo, la Provincia de Entre Ríos”, reprochó la profesional en relación a los reparos de la Fiscalía de Estado “sobre la idoneidad del perito y otras observaciones más. Esperamos poder avanzar ahora, presentándonos como actores, por el fallecimiento del actor principal que es Julio Majul”, refirió.

Así las cosas, el equipo de la demanda espera que el juez actuante, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Gualeguaychú, a cargo de Ricardo Javier Mudrovici, resuelva estos cuestionamientos y defina la situación del perito oficial designado, Carlos Jaime Hartwig, así como “los consultores técnicos que también van a participar de ese plan”. “El colegio de ingenieros tenía que responder un escrito, donde tienen que contestar si (Hartwig) cuenta con la idoneidad suficiente”, detalló.

Por otra parte, consultada la posibilidad de abrir una instancia de diálogo o mediación propuesta por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Chesini comentó que se ha realizado algunas reuniones “para coordinar entre todos o tener una audiencia entre las partes –no sé si será efectivo–, sobre todo con la empresa, para ver qué piensa hacer, básicamente”.

Sobre la posibilidad efectiva de la mediación, la profesional se mostró cauta. La instancia, dijo a ERA Verde, la “habló en su momento (el director del área Legal de Ambiente provincial) Osvaldo Fernández, es una idea de él. En realidad, se pidió una audiencia en el expediente que fue rechazada por el juez, y la volvieron a pedir, y eso no está resuelto. La volvieron a pedir con mayores fundamentos, pero no tenemos todavía la respuesta del juez. En un principio no sería conducente una audiencia, pero como en este tipo de procesos se puede innovar, veremos qué dice el juez”, admitió.

Lluvias sin humedales

Sobre la relación entre las inundaciones y la causa Amarras, los letrados recordaron que la demanda se presentó “a los fines de objetar la obra irregularmente iniciada en las costas del rio Gualeguaychú; sobre las costas pertenecientes al municipio de Pueblo Belgrano. Todas las instancias judiciales, incluso la Suprema Corte de la Nación, coincidieron en la ilegalidad del emprendimiento y en la gravedad jurídica y ambiental que involucra”, subrayaron.

En este orden, se describió que el emprendimiento llevado a cabo por Altos de Unzué SA, “arrasó con 112 hectáreas de monte en galería y zona de amortiguación, como asimismo provocó la elevación de la cota en unos 7 metros. Para luego avanzar y provocar el bloqueo del arroyo ‘El Zapallo’ y hacerlo ingresar hacia el interior de la laguna artificial construida; volviendo a salir nuevamente al rio Gualeguaychú; en vez de que esa agua escurra en su curso natural y sirva como cauce aliviador del caudal del rio Gualeguaychú”, explicaron.

Amarras: un caso que todavía da vueltas en la Justicia

“Las ciudades ribereñas deben convivir con el rio y respetar su cauce –expresaron desde la demanda–; la alteración del equilibrio hídrico en plena tropicalización del clima y por ende aumento considerable de precipitaciones en poco tiempo, provoca daños materiales enormes a las comunidades. Tenemos el gran desafío de planificar las construcciones en terrenos altos que no alteren las dinámicas hídricas, ni que invadan las planicies de inundación de los cursos de agua”, advirtieron. “Es esencial avanzar con un plan de ordenamiento territorial que respete los valles de inundación y cauces de los ríos y arroyos. Los emprendedores inmobiliarios deben respetar las leyes vigentes”, reclamaron.

Por último, se exigió “a las condenadas la urgente recomposición del predio a su Estado anterior. Basta de dilaciones y chicanas legales. Altos de Unzué, el Gobierno de Entre Ríos y el municipio de Pueblo General Belgrano son responsables de la gravedad de estas inundaciones”, denunciaron.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

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