La generación con más graduados universitarios de la historia es también la que no puede pagarse una vivienda. Ni si quiera un alquiler, que ha sido siempre la opción más asequible. Solo el 16% de las personas de entre 18 y 29 años han contado con los recursos suficientes para irse de casa de sus padres. En 2005, esta cifra ascendía al 41,4%. Los jóvenes que podían independizarse eran, entonces, más del triple que en la actualidad. Y es que no salen las cuentas. Según el último Observatorio de Emancipación, que publica el Consejo de la Juventud de España con datos de diciembre de 2023, un joven medio debería destinar el 93,9% de su salario al alquiler si quiere vivir solo. Sin contar los gastos.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) no son tan extremos, aunque apuntan hacia la misma dirección. Según sus cálculos, de media, el grupo de edad de entre 16 y 24 años percibía en 2022 un salario bruto de 1.315,4 euros. La cifra asciende a los 1.850,5 euros en el caso de las personas que se encuentran en la franja de los 25 a los 34 años. Con un alquiler medio que en España se acerca a los 950 euros, los primeros no podrían permitirse vivir solos sin destinarle a la vivienda un porcentaje bastante superior al 30% recomendado. Y los segundos también lo tendrían complicado. No es casualidad, por tanto, que la edad media de emancipación en el país supere ya los 30 años. Cuando lo hacen, la mayoría opta por compartir piso. Con suerte, con una pareja o un amigo. A menudo, con desconocidos.
Una ‘suite’ por 500 euros
Manel tiene 26 años. Es valenciano y llegó a Barcelona hace un año para trabajar en el departamento de comunicación de una empresa. Le costó encontrar piso y, vistos los precios, pronto tuvo que descartar alquilarlo solo. «Vivimos seis personas en un piso que nos alquilan por habitaciones», dice.
Dio con él mediante la aplicación Badi, un portal on line que ofrece habitaciones para alquilar. Una de las que tiene su casa, que ahora queda libre, ya vuelve a estar anunciada en la página. La describen como una suite de un bloque ubicado en el barrio de Sants y se alquila por 500 euros al mes. Lo que no dice el anuncio es que el pago se efectuará en negro. «Cada mes ponemos el dinero en un sobre y se lo dejamos al dueño en el buzón, pero no obtenemos ningún recibo», explica. «Hay mucha rotación. Cada vez que se va una persona, el alquiler de su habitación sube entre 30 y 50 euros. Hay tanta demanda que siempre habrá alguien dispuesto a entrar», dice.
La subida de precio de los contratos de alquiler de viviendas se limitó en 2023 al 2% anual, el 3% en 2024. Pero la ley no estipula ningún tope en el caso del alquiler de habitaciones. Alquilándolo así, en este caso concreto, el propietario del piso ingresa 3.000 euros al mes. «Son habitaciones que se alquilan de forma informal, generando situaciones muy precarias. Pero puede llegar a ser mucho más lucrativo para el propietario», explica Ignasi Martí, director del Instituto de Innovación Social de Esade. «La gran mayoría de la gente que alquila así no dispone de un contrato», confirma.
El precio medio del alquiler en España se situó en diciembre de 2023 en 12,1 euros por metro cuadrado, el 10,1% anual más
El precio medio del metro cuadrado en España fue, en diciembre de 2023, de 12,1 euros. Esto significó un aumento del 1,9% con respecto al mes de noviembre, del 2,7% en comparación con septiembre y del 10,1% si se toma como referencia el mismo mes del año anterior, según el índice de precios que publica Idealista.
El alquiler está disparado en todo el país. Pero hay comunidades que se posicionan sensiblemente por encima de la media. Cataluña destaca con la ciudad más cara para alquilar: Barcelona. Está en su máximo histórico (desde 2006), con una media 20,5 euros por metro cuadrado. También es la provincia más cara de España, 17,5 euros por metro cuadrado.
A Barcelona le sigue Madrid, donde el precio medio por metro cuadrado asciende a 17,9 euros de media. Después, San Sebastián (con 16,8 euros por metro cuadrado), Palma (15,4) y Valencia (13,3). Las ciudades más baratas para vivir son Zamora (6,2 euros por metro cuadrado); Lugo y Ciudad Real (6,6), y Cáceres (6,7).
Propietarios inseguros
A Iván, de 30 años, se le termina el contrato de alquiler en unos meses. Lleva casi cinco años viviendo en un pueblo de las afueras de Barcelona que ya considera su hogar. «No quiero irme de aquí -asegura- pero no encuentro piso». Ni siquiera con un presupuesto que roza los 800 euros. La respuesta de todas las inmobiliarias a las que ha acudido es siempre la misma: «No tenemos nada».
Las inmobiliarias no tienen pisos de alquiler para ofrecer porque «los dueños tienen miedo a que se los ocupen»
Los propietarios no quieren poner sus pisos en alquiler. Eso es lo que le dicen. «Tienen miedo», asegura la dueña de una de las inmobiliarias de la localidad, que prefiere no desvelar su identidad ante la situación de «crisis» que dice estar atravesando. «Nosotros nos salvamos porque llevamos comunidades de vecinos. Pero el mercado está muy mal. Los propietarios se sienten desprotegidos por la ley. Si los inquilinos no pagan, es muy difícil echarlos. Ningún propietario quiere arriesgarse a perder su propiedad», argumenta.
«Lo primero que habría que hacer es modificar la ley de vivienda, para que los propietarios tuvieran una cierta seguridad jurídica», sostiene el profesor Cunyat. «Hay propietarios con pisos vacíos y no los sacan al mercado para que no los ocupen. Habría que modificar la normativa para que el proceso fuera más ágil», incide.
El pago de los honorarios de las agencias constituye otro problema para ellos, ya que son ahora los que deben abonarlos. Aunque, en muchos casos, se saltan la ley. «Desde que entró en vigor la nueva norma, ningún propietario de los pisos que hemos alquilado desde la inmobiliaria se ha hecho cargo de los honorarios», sentencia la agente inmobiliaria. Suelen «llegar a un acuerdo» con el inquilino para que lo pague él. Porque «si el propietario paga los honorarios y el inquilino decide irse a los seis meses, pierde dinero«, argumenta.
«Los inquilinos saben que, si no pagan los honorarios, el propietario le alquilará el piso a otra persona», cuenta el trabajador de otra inmobiliaria que, ante estas declaraciones, también prefiere no desvelar su identidad. Y muestra una especie de factura por la cuál el inquilino se ofrece, voluntariamente, a pagar los gastos de gestión.
Cataluña será la primera comunidad autónoma en regular el alquiler en zonas tensionadas. Es una medida polémica
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) ha rechazado participar en este reportaje, tras dejar durante 10 días la puerta abierta a hacerlo.
En el foco
Políticos, economistas y propietarios: todos miran ahora hacia Cataluña. Es la primera comunidad autónoma que ha anunciado que regulará los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Lo hará, a partir de febrero, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de vivienda. El precio medio de los alquileres en la comunidad es uno de los más altos de España. Se pagan 1.268 euros de media por una vivienda de 80 metros cuadrados, según los datos de Fotocasa. Y no todas están en condiciones. Alba paga 922 euros al mes por un ático sin aislamiento térmico en Barcelona que, además, no dispone de cédula de habitabilidad. Y Patricia lleva un año luchando para que le arreglen las goteras y humedades de su vivienda causadas por una inundación.
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La limitación del precio de los alquileres constituye una de las propuestas más discutidas y también más polémicas. Para unos, la salvación. Para otros, un despropósito. «Se ha demostrado que este tipo de medidas funcionan. La oferta no cae y la demanda aumenta», defienden desde el sindicato. En el lado opuesto se sitúa el profesor Cunyat. «El control de alquileres puede tener un efecto contrario al que se pretende. Si se limitan, los pisos en mejores condiciones no saldrán al mercado, porque a los propietarios no les saldrá a cuenta. Así que solo saldrán los peores pisos», defiende.
«Es cierto que políticas como la regulación de los precios pueden funcionar, pero hay evidencia de que, en muchas ciudades, no son siempre positivas. Hay que ir probando, afinando», sostiene Martí. A su entender, son los ayuntamientos los que deberían tener más competencias en materia de vivienda. «Garantizarle al propietario, desde el gobierno de cada comunidad o desde el ayuntamiento, una parte del alquiler», propone.