La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la inadmisión a trámite de la querella formulada por la hotelera Riu Hotels and Resorts por presunta prevaricación contra altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La cadena hotelera acusaba a los querellados de «conductas ilícitas» para perjudicarles injustamente durante la tramitación de los expedientes de concesión de obras y otras autorizaciones administrativas de dos hoteles en Fuerteventura: Riu Oliva Beach y Riu Palace Tres Islas.
La Audiencia considera sin embargo que no procede la investigación interesada por resultar «prospectiva» y basarse en «meras sospechas carentes de seriedad».
La cadena hotelera presentó la querella por un presunto delito de prevaricación contra la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro; la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Puyol, y el secretario general técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jacobo Martín.
La querella formulada por la propiedad de ambos establecimientos e incoada en un primer momento por el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid defendía que los citados cargos públicos habrían actuado de «mala fe» y echado mano de «supuestas conductas ilícitas para perjudicarla injustamente».
La cadena hotelera considera que existen «conductas ilícitas» para decidir en su contra
La sala establece, sin embargo, que no procede la tramitación de la «acción legal interesada» entre otros razonamientos jurídicos porque entiende que supondría «una investigación prospectiva; fuera de nuestro ordenamiento jurídico» según explica en el auto de archivo. Es decir, los magistrados entienden que, de admitirse la querella, se estaría «ante una investigación prospectiva». Sería en el curso de esta cuando se podría «indagar en la vida y obra de un cargo público investigando todas sus actividades públicas, para posteriormente imputarle unos hechos concretos a partir de lo averiguado».
La resolución recoge que «también sería prospectiva cuando, a pesar de circunscribir la investigación a unos hechos concretos de su actividad que formalmente serían constitutivos de una infracción penal concreta, la misma se desarrolla en base a meras sospechas carentes de seriedad».
Los magistrados concluyen que la cadena de «actos administrativos no favorables a los intereses mercantiles de los querellantes (por parte de los cargos públicos) no presentan apariencia delictiva» y les emplaza a seguir la vía jurisdiccional contencioso-administrativa «para satisfacer sus intereses legítimos» y «verificar la regularidad o no del proceder de los querellados».
Esta resolución, que resuelve el recurso de apelación formulado por la Abogacía del Estado contra el auto de admisión a trámite de la citada querella por parte del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid y el posterior recurso de reforma, es firme y determina el fin del procedimiento.
Los expedientes de concesión del Oliva Beach y el Tres Islas son el motivo de la acción judicial
Esta misma semana se conoció la resolución del ministerio declarando la caducidad de la concesión del dominio público para el Oliva Beach. La decisión, contra la que cabe recurso, supone de facto la orden de derribo del establecimiento, que obtuvo el pasado año permiso del Gobierno de Canarias para poner en marcha unas obras de renovación.
Esta disputa ha supuesto un nuevo episodio en el enfrentamiento que mantienen los ejecutivos central y autonómico a cuenta de la transferencia de las competencias en Costas. Mientras Madrid defiende mantener parte de la potestad -como en Cataluña, Andalucía y Baleares-, el Ejecutivo isleño hace valer el Estatuto de Autonomía de Canarias, que contempla el traspaso de poderes sobre el litoral y la franja costera sin hacer puntualizaciones.
Mientras ese debate camina con paso rápido hacia el Tribunal Constitucional en forma de conflicto de competencias, las organizaciones ecologistas celebran la decisión del ministerio de ordenar el derribo de la edificación hotelera. En su opinión, se ha hecho primar el interés general sobre el particular de una empresa.