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Un juez investiga si Villarejo urdió la extradición a España de un empresario que residía en Costa Rica

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar este jueves como testigo al empresario navarro Pedro Urrutia, quien fue extraditado en 2009 por las autoridades de Costa Rica a España tras ser vinculado con un desfalco de 19 millones de euros a la empresa vasca Indaux, cuya matriz es la firma Asedir. El instructor ha acordado esta comparecencia después de que el propio Urrutia comunicara a la Audiencia Nacional las supuestas maniobras desplegadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo y por el abogado Ernesto Díaz Bastién para que fuera entregado a España tras reclamarlo el Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia (Guipúzcoa). También comparecerán como testigos el empresario Ramón A. y un agente de la Policía, según confirman fuentes jurídicas a esta redacción.

«El acceso ilícito a la información privilegiada, el uso espurio de la misma y cuanto, en suma, haya podido tener relación con lo descrito, supone que la organización criminal […] pretendía la extradición de mi representado en circunstancias que, cuando menos, hacen dudar de la legalidad de la misma, con las consecuencias que ello puede comportar», explica el escrito del abogado del denunciante, cuyo contenido ha sido tenido en cuenta por el magistrado para acceder a la declaración de los testigos.

Tanto Urrutia como Ramón A. fueron condenados a 13 años y seis meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otro de blanqueo. También tuvieron que afrontar una multa de 23 millones de euros. El fallo fue confirmado en 2016 por el Tribunal Supremo.

Agendas de Villarejo

Sin embargo, las supuestas maniobras urdidas por el clan de Villarejo aparecen en las agendas del propio comisario. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, ha recopilado en 35 páginas todas las anotaciones relacionadas con este proyecto, que denomínó «IBAN».

Así, el 4 de abril de 2007 el polémico mando policial escribió en su agenda, en relación al también comisario jubilado Enrique García Castaño, de forma textual: «Dice que puede haber un nuevo cliente de la zona de Guipúzcoa. Ya lo comentará». Y unos días después, el 18 de abril de 2007, siempre según las anotaciones, -cuya veracidad se ha confirmado con las grabaciones-, García Castaño reclama a Villarejo que le pague la factura de su boda, que él ya había abonado «en B». García Castaño, conocido con el apodo de ‘El Gordo’, sufrió en 2021 un ‘ictus’ que le provocó una «afectación cognitiva” que pone en duda que pueda llegar a ser juzgado en el caso ‘Tándem’.

En las gestiones del «protecto IBAN» también habría participado el letrado Ernesto Díaz Bastién, según consta en los manuscritos. Este abogado ejerció la acusación en el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en el que acabó condenado Pedro Urrutia.

«Proyecto IBAN»

En julio de 2007 el comisario escribió en su agenda que Díaz Bastién había entregado una «denuncia» sobre el «proyecto IBAN» al entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, José Luis Olivera. También habría participado en la causa el ex inspector jefe de la Policía Antonio Giménez Raso, a quien se le identifica en las agendas con el nombre de «Tony«.

El abogado de Urrutia explica, en este sentido, que la denuncia que dio inicio a la causa por la que fue condenado su cliente, la formalizó el representante del Grupo Asedir ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-Central), Brigada de investigación de delincuencia económico-fiscal, Sector de fraudes financieros, Grupo II, «de la que se habla en las conversaciones interceptadas y, al parecer grabadas, por el comisario José Manuel Villarejo, cliente de Ernesto Díaz Bastién el 12 de julio de 2007″.

El comisario jubilado Enrique García Castaño en los aledaños de la Audiencia Nacional. Eduardo Parra

«Mi representado fue detenido en Costa Rica el 21 de octubre de 2008, extraditado a España en 2009, donde llegó el 9 de diciembre de 2009, y estuvo en situación de prisión provisional, a pesar de su extremadamente grave enfermedad, hasta el 21 de octubre de 2012, es decir, el máximo legalmente establecido«, lamenta en su escrito dirigido a la Audiencia Nacional el letrado.

«Una mano negra»

Y como ejemplo de la supuesta severidad de la decisión judicial contra el empresario navarro, el abogado recuerda que tras ser condenado Urrutia, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, «sobre la base de la gravísima patología que afecta a mi representado, le concedió de inmediato la libertad condicional«, explica el letrado, que considera que este hecho «evidencia la existencia de una mano negra que, durante todo este tiempo, ha venido moviendo de forma bastarda, los hilos, sometiendo a engaño al Juzgado y a la Sala».

Además, el abogado de este empresario navarro cree que la organización dirigida por Villarejo «contaba con información privilegiada, tanto como ilícita, que les permitió operar libremente aún siendo fraudulento el conocimiento y lo que ejecutaron consecuencia de ello». Por eso, «y desde siempre, supieron qué bienes pertenecían directa e indirectamente a mi representado, y que embargaron desde buen principio, aún sin ser éste parte todavía de la causa penal seguida ante el Juzgado de Instrucción número dos de Azpeitia».

Bienes de Costa Rica

El defensor del denunciante lamenta, asimismo, que tras la condena de su cliente «no ha habido manera de conocer qué ha pasado con los bienes» de su representado en Costa Rica, «de valor sensiblemente superior al importe por el que, junto a otros, fue condenado en cuanto que responsabilidad civil, lo que enfila a la existencia de un enriquecimiento injusto, a favor de la acusación particular, gestionada por Ernesto Díaz Bastién». «Todo apunta», prosigue la denuncia, que este letrado «hizo o pudo hacer uso espurio de sus relaciones con, cuando menos, [el socio del comisario] Rafael Redondo y José Manuel Villarejo».

Por ello, el letrado del empresario navarro considera que el despacho en el que se encontraba «integrado o lo está en la actualidad» Díaz Bastién, «no parece ajeno a prácticas de corte claramente criminal, al menos por parte de alguno o algunos de sus integrantes».

Díaz Bastién, que está citado a declarar este martes como investigado en relación con otra supuesta operación del clan liderado por Villarejo, en este caso en la República Dominicana, no ha contestado a las preguntas remitidas por este periódico sobre las gestiones que se le atribuyen y sobre el contenido de las anotaciones del comisario. La empresa vasca Indaux, que asignó en 2006 más de 600.000 euros para su defensa letrada, tampoco ha querido hacer declaraciones a esta redacción sobre los hechos.

Por otra parte, el comisario Villarejo ha recurrido la condena de 19 años de la que fue objeto tras el juicio de las tres primeras piezas separadas del caso ‘Tándem’, según ha adelantado Europa Press, que especifica que el comisario jubilado insiste en la «nulidad» de la investigación que abrió contra él la Audiencia Nacional.

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